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Pierde SRE rastro millonario de 30 países que ayudaron en emergencias nacionales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no registró los donativos en especie y de dinero que le hicieron al menos 30 países en los últimos 10 años por emergencias nacionales como huracanes, sismos e inundaciones.

Esto viola la Ley de Cooperación Internacional que obliga a la dependencia a registrar cualquier monto recibido de forma internacional.

Publimetro consultó la base de datos del Desarrollo Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Rencid), que confirmó la inexistencia de información sobre los montos y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

Entre las irregularidades más graves se encuentran los montos destinados por gobiernos extranjeros sobre el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, los cuales se contabilizaron por millones de pesos entregados por 22 países.

De acuerdo con el portal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la SRE no reguló, coordinó, así como no llevó a cabo un registro de las donaciones que se entregaron en la última década, mucho menos a dónde fue a parar los recursos millonarios para los damnificados.

Además, se revela que las donaciones para la reconstrucción de México debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 ascendieron a tres mil 413 millones de pesos.
Mismos que no fueron reportados ni regulados de manera transparente a la población ni a las instituciones correspondientes, por lo que esto constituiría una falta a la Ley General de Protección Civil.

‘Se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo’, observó el órgano fiscalizador en una revisión de desempeño dictaminado en 2018.

Por ejemplo, un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores indica que China y Corea del Sur enviaron un millón de dólares, cada uno, para el Fideicomiso Fuerza México.

En las observaciones del documento se anota: “la SRE sólo tuvo conocimiento. No recibió ni participó en la gestión de dicho apoyo”.

Sin embargo, el 22 y 27 de septiembre de 2017 la dependencia federal publicó que Carlos de Icaza, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, recibió los apoyos a nombre del gobierno mexicano.

En un tuit del 22 de septiembre, la dependencia informó que el gobierno mexicano recibió un donativo de un millón de dólares; sin embargo, no encuentran registros en qué se uso ese dinero.

Fuente: Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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