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México

Pierden el fuero cinco diputados federales implicados en la red de empresas fantasma de Veracruz

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El próximo 1 de septiembre dejarán de ser diputados federales cinco exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de comunicación social; Adolfo Mota Hernández quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia; y Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil.

En las elecciones federales de 2015 todos ellos obtuvieron un lugar en la Cámara Baja abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de Spinoso quien compitió por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo hicieron justo después de dejar sus cargos en el gobierno de Veracruz y cuando ya se habían realizado la mayor parte de las transferencias de recursos públicos a las compañías fachada con licitaciones simuladas.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) publicaron en mayo pasado que la administración de Javier Duarte transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy diputados federales.

El año pasado la Fiscalía de Veracruz intentó proceder en contra de algunos de los legisladores pero el fuero que perderán el próximo 1 de septiembre lo impidió.

La Procuraduría General de la República también investiga, por su parte, la desaparición de recursos federales en la gestión de estos funcionarios a partir de las denuncias formales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El personaje clave
El diputado federal Antonio Tarek Abdalá es una figura central en los pagos a la red de empresas fantasma. Desde su cargo como tesorero del Estado dio el visto bueno para la salida de los recursos e incluso, según exfuncionarios de Veracruz, por orden suya se anticiparon pagos a dichas empresas antes de que se simularan los procesos de licitación y adjudicación en las dependencias.

Al inicio del gobierno de Duarte se desempeñó como tesorero del DIF Estatal, instancia desde la cual arrancó el pago a las compañías fachada. Luego, con su llegada a la Tesorería del Estado, estos pagos se extendieron a múltiples secretarías. De acuerdo con lo documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, fueron poco más de 1 mil 459 millones de pesos los pagos que salieron de la tesorería a las compañías fachada.

Abdalá estuvo presente en distintas operaciones irregulares. Por ejemplo, Xóchitl Tress –exfuncionaria del gobierno de Duarte – declaró ante el Ministerio Público que fue Tarek quien encabezó la reunión en la que usando una empresa fachada del contador Víctor López Gachuz, se le transfirió dinero para adquirir una casa.

En septiembre de 2017 la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz reveló que integraba una carpeta de investigación en contra de Tarek Abdalá por su probable participación en diversos ilícitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y peculado. Por este motivo envió una misiva al Congreso en la que solicitaba su desafuero ,a fin de que pudiera ser presentado ante el Ministerio Público.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año la Sección Instructora de la Cámara de Diputados – presidida por un diputado priistas – rechazó darle siquiera trámite a la solicitud de la Fiscalía de Veracruz, bajo el argumento de que la carpeta de investigación en la que se involucraba a Tarek Abdalá no estaba resuelta.

En los últimos meses los abogados del diputado federal han promovido demandas de amparo para averiguar si hay investigaciones u órdenes de aprehensión en su contra.

Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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