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Píldora anticovid tiene eficacia del 90% y sirve contra Ómicron: Pfizer

Pfizer Inc. dijo este martes que el análisis final de su píldora contra el covid-19 seguía mostrando una eficacia cercana al 90% en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo, y que los datos de laboratorio recientes sugieren que el fármaco conserva su eficacia contra la variante Ómicron.

El mes pasado, la farmacéutica estadunidense afirmó que su medicamento oral tenía una eficacia de alrededor del 89% en la prevención de hospitalizaciones o muertes en comparación con un placebo, según los resultados provisionales obtenidos en unas mil 200 personas.

Los datos divulgados el martes incluyen a otras mil personas.

En el ensayo no murió ninguna de las personas que recibieron el tratamiento de Pfizer, en comparación con los 12 decesos que se produjeron entre los que recibieron el placebo.

Las píldoras de Pfizer se toman junto con el antiguo antiviral ritonavir cada 12 horas durante cinco días a partir del inicio de los síntomas.

Si se autoriza, el tratamiento se venderá como Paxlovid.

Pfizer también ha dado a conocer los datos iniciales de un segundo ensayo clínico que muestra que el tratamiento redujo las hospitalizaciones en un 70% aproximadamente en unos 600 adultos de riesgo estándar.

Es un resultado sorprendente», destacó en una entrevista Mikael Dolsten, director científico de Pfizer.

Dolsten dijo que espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y otros organismos reguladores autoricen pronto su uso en personas de alto riesgo.

Estamos hablando de un número asombroso de vidas salvadas y de hospitalizaciones que se han evitado. Y, por supuesto, si se implementa esto rápidamente después de la infección, es probable que reduzcamos la transmisión de forma drástica», enfatizó el científico.

Dolsten no cree que sea necesaria una reunión de la comisión asesora de la FDA.

Estamos en negociaciones reguladoras muy avanzadas tanto con Europa como con el Reino Unido, y tenemos conversaciones con la mayoría de las principales agencias reguladoras a nivel mundial», comentó Dolsten.

Actualmente no hay ningún tratamiento antiviral oral para el covid-9 autorizado en Estados Unidos.

La empresa ha dicho que puede tener 180 mil tratamientos listos para enviar este año y planea producir al menos 80 millones más en 2022.

El Gobierno estadunidense ya ha conseguido 10 millones de dosis del medicamento de Pfizer por 5 mil 290 millones de dólares.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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