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México

Pío López Obrador buscará un freno a las investigaciones del INE en su contra

Pío López Obrador, hermano del presidente de México, y David León son blanco de las investigaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por videos que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se les puede ver intercambiando dinero supuestamente aportaciones al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Es por lo anterior que Pío interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su objetivo es detener las pesquisas en su contra, de acuerdo con los datos publicados por Milenio.

Además, el hermano del Andrés Manuel López Obrador habría pedido a Salvador Nava, ex magistrado, que se encargue de su defensa por denuncias electorales en su contra, informó la periodista Jannet López Ponce.

El medio de circulación nacional aseguró que habría sido éste quien le asesoró para que alegara que no se le puede investigar por hechos prescritos; es decir, en 2015 la norma electoral señalaba que este tipo de delitos tienen una prescripción únicamente de tres años.

En ese sentido, fuentes cercanas al caso informaron que de llegarse a concluir la investigación, no habría una sanción por el tiempo que ha pasado.

Por último, dieron a conocer que Pío López Obrador enfrenta las cuatro demandas en su contra con al menos tres distintos equipos legales. Por el momento se enfrenta ante el INE, el TEPJF, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la demanda en contra de Loret de Mola.

Pío López y David León acudieron a comparecer a mediados de octubre ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fede), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con los reportes de Animal Político.

El medio informó, además, que también les hicieron de su conocimiento que por el momento se descarta la existencia de alguna demanda de amparo y cualquier otro obstáculo legal para que puedan ser citados.

La carpeta de investigación fue iniciada luego de las demandas que hicieron los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Éstas tuvieron lugar tras darse a conocer a través del portal Latin Us los videos donde se puede ver que ambos personajes intercambian dinero, supuestas aportaciones a Morena.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicho asunto era una situación que debía investigarse a fondo por las autoridades correspondientes. Incluso se dijo dispuesto a declarar ante quien así se lo requiriera.

Dijo, además, que sea quien sea el personaje involucrado, sin importan que formen parte de su familia, no debe existir la impunidad para nadie, sobre todo en delitos como la corrupción que tanto daño le ha hecho a México.

“Esto no tiene nada que ver con que se pare la corrupción, sea quien sea, nada a dañado más a México que la deshonestidad, que la corrupción política, no debe haber impunidad para nadie, si una autoridad comete un delito debe ser juzgado, mi hijo, mi esposa, mis amigos, se acabó la impunidad. No voy a desistir de purificar la vida pública, voy a mantener siempre mi autoridad moral, para tener autoridad política y desterrar la corrupción del país que es el principal problema de México, vamos a terminar la peste de la corrupción y el presidente tiene que dar el ejemplo”, aseguró.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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