Al iniciar las audiencias para dictaminar las iniciativas en materia de desaparición forzada, la senadora Graciela Ortiz González se pronunció por darle al análisis de este terrible ilícito una visión, una perspectiva integral, sin sesgos que obstaculicen su implementación y que en realidad sirva al Estado, pero fundamentalmente a la sociedad.

Dijo que corresponde a los senadores entrar al diseño y a la construcción de la normatividad secundaria en esta importante materia, reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional, con base en las propuestas legislativas que ya se tienen, que fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos.

En el análisis participan expertos de la ONU, la OEA y Amnistía Internacional.

Graciela Ortiz mencionó que también esperan contar con la propuesta anunciada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha manifestado su interés por lograr una legislación que incorpore las mejores prácticas internacionales, para que el Estado logre mayor eficiencia en la lucha por abatir este delito y que contribuya en forma efectiva a la localización de personas desaparecidas.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos recordó que el Estado mexicano ha ratificado la totalidad de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la ONU hizo un reconocimiento por haber elevado a rango constitucional las garantías individuales reconocidas en los tratados internacionales.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, agregó, planteó la necesidad de impulsar una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada, en elementos de prevención, de investigación, de juzgamiento y de sanción, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas.