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Chihuahua

Plantean necesidad de respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación

En el marco de la Expo de los Pueblos Indígenas Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) realizaron el conversatorio en el cual plantearon la necesidad de respetar el derecho de las comunidades indígenas a su libre determinación y generar acciones afirmativas para aumentar su participación político-electoral y representación en la toma de decisiones.

“En nuestro estado está en marcha una consulta indígena, en la cual el Instituto Estatal Electoral participa como órgano garante, atestiguando su desarrollo” expresó la consejera electoral, Claudia Arlett Espino, quien al inicio del conversatorio hizo un recorrido por los temas de la agenda pública y política, necesarios para una real inclusión de los pueblos originarios en los órganos de gobierno.

La consejera electoral destacó que se busca una armonización legislativa que garantice una mayor participación política indígena en el estado y todo el país.

En ese sentido, el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz González, expresó que “para que las comunidades indígenas participen en los procesos político-electorales, debemos de conocer su cosmovisión y respetar sus sistemas normativos”.

Esto, tras hacer una ponencia sobre el panorama nacional en que se encuentran los pueblos originarios de México, así como de las sentencias que han emitido los tribunales electorales y que han obligado a los estados a implementar medidas específicas para garantizar el correcto ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas.

En el caso de Chihuahua, precisó Meraz González, que la propia condición geográfica donde se concentra la mayor cantidad de los pueblos originarios, por su extensión, dispersión y difícil acceso, representan un obstáculo para la participación de los pueblos originarios.

Saúl Rodríguez Camacho, consejero electoral del IEE, habló sobre los derechos indígenas y su libre determinación o autodeterminación. Ante la audiencia de niñas y niños indígenas, el consejero explicó en términos muy sencillos qué es la libre determinación y cómo se aplica al interior de las comunidades y en relación al resto del mundo.

“Las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación, pero hay una gran brecha en la implementación de ese derecho y el proceso de su reconocimiento ha sido lento en nuestro país”, puntualizó.

El también consejero electoral del IEE, Gerardo Macías Rodríguez, destacó que “la autoadscripción es un derecho consagrado en la Constitución y se debe de garantizar la protección de ese derecho por parte de los estados e instituciones”. Presentó una serie de características que enmarcan el proceso de autoadscripción y la polémica que se ha dado acerca de ese derecho, tanto al interior de los pueblos originarios como a nivel institucional.

Entre tanto que Anabel López Sánchez, representante del INPI, expuso la situación de las mujeres indígenas en cuanto a partición política y una triple barrera que enfrentan por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.

“Las mujeres no renuncian, las obligan a renunciar y es importante que los partidos políticos asuman esa responsabilidad y que las autoridades electorales construyan mecanismos para que las mujeres puedan desempeñar sus cargos públicos”, dijo durante su intervención.

López Sánchez puso como ejemplo su estado de Oaxaca donde 417 municipios se rigen por los sistemas normativos, conocido como usos y costumbres, y recalcó que el ejercicio de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas es un gran pendiente; todavía no se tiene una legislación que garantice ese derecho respetando su propia forma de organización de gobierno.

Chihuahua

Roberto Fuentes busca la magistratura civil.

Con un mensaje directo y una visión firme sobre la transformación de la justicia, Roberto Andrés Fuentes Rascón, actual secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua y especialista en justicia electoral, se perfila como uno de los candidatos más decididos a ocupar la magistratura civil. Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha combinado la academia, el servicio público y la proyección internacional para consolidar una propuesta fresca y con enfoque humano.


En esta entrevista, habla de sus motivaciones, su visión del sistema judicial actual y las propuestas que lo impulsan.

¿Qué lo lleva a dar este paso y postularse como magistrado civil?

Principalmente, la necesidad de dejar de ser espectador de las deficiencias del sistema y convertirme en un actor que impulse soluciones. A lo largo de mi carrera, he visto cómo muchas personas se sienten frustradas por la lentitud de la justicia, por lo distante que puede parecer del ciudadano común. Esa experiencia acumulada, tanto desde el gobierno como desde la docencia, me hizo decir: “Basta de quejarse, hay que actuar”. Creo que tengo las herramientas, el conocimiento y la energía para aportar algo valioso desde la magistratura.

¿Cómo describiría la situación actual del sistema de justicia civil en el estado?

Diría que enfrenta grandes retos: saturación de expedientes, procesos largos, tecnología insuficiente y, sobre todo, una desconexión con las necesidades reales de las personas. El derecho civil toca aspectos fundamentales de la vida cotidiana —la propiedad, la familia, los contratos— y por eso requiere un tratamiento sensible, empático y oportuno.

¿Qué lo distingue de otros perfiles que también buscan este cargo?

Más allá de lo curricular, lo que me distingue es una visión clara de transformación. He trabajado en áreas clave del gobierno estatal y municipal, fui parte del Programa Internacional de Liderazgos Visitantes del Departamento de Estado de EE. UU. y representé a México en foros internacionales como APEC. Aun con esa experiencia, sigo ejerciendo como catedrático. Todo eso me ha reforzado el compromiso con una justicia cercana, clara y útil para la gente.

¿En su mensaje menciona la empatía como una clave. ¿Cómo se traduce eso en la práctica judicial?

La empatía no significa debilidad, significa comprender el contexto de cada caso. Como maestro de derecho administrativo, procesal electoral y teoría del Estado, siempre he insistido en que el expediente no es un archivo, es una historia. Emitir resoluciones comprensibles, en tiempos razonables y con sensibilidad debe ser parte del nuevo rostro de la justicia.

¿Qué papel juega la preparación en su visión del poder judicial?

Es fundamental. Un magistrado no puede ser ajeno a la evolución legal y social. Yo he procurado mantenerme activo en la academia y en la actualización constante. Actualmente soy candidato a Doctor en Derecho y creo firmemente que el aprendizaje no termina nunca. Solo así se puede responder a los desafíos del presente.

¿Qué propuestas concretas impulsaría desde la magistratura?

Primero, promover la digitalización de procesos. Segundo, fomentar la capacitación continua del personal judicial. Tercero, trabajar por resoluciones más claras y útiles. Y, por supuesto, reforzar la ética en cada área del sistema. La confianza se construye con hechos, no con discursos.

¿Qué le diría a quienes están indecisos sobre su voto?

Que apuesten por una visión renovada, pero con experiencia sólida. No busco una silla, busco una plataforma desde donde se pueda servir mejor. Si tú también anhelas una justicia real, cercana, con rostro humano, entonces te invito a que me des tu voto este primero de junio. ¡Vota 21!

¿Cómo le gustaría que lo recordaran al final de su gestión, si logra ser electo magistrado?

Como alguien que no se quedó viendo los problemas. Que se preparó, que actuó, que respetó y que sirvió. Pero sobre todo, como alguien que entendió que la justicia es para la gente, no para las instituciones.

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