Un centenar de pobladores de la comunidad El Censo, en el municipio de Ocosingo, lincharon y quemaron vivos a dos hombres, a quienes sacaron de manera violenta de la cárcel ejidal, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas este domingo.
Los sujetos fueron acusados de asesinar con arma blanca a un lugareño.
A través de un comunicado, la dependencia reveló que según la carpeta de investigación del caso, el agente rural del ejido, ubicado en la selva Lacandona“denunció la tarde de este sábado, que Antonio Vázquez Silvano, Francisco Vázquez Silvano y Manuel “N” privaron de la vida a Gregorio Gómez Álvaro con arma blanca”.
Tras ser capturados, fueron puestos a disposición de la autoridad rural.
Los privaron de la vida quemándolos: los golpearon, los ataron de manos y pees, y después los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el interior de una escuela (Foto: Captura de pantalla/Reporte Nacional MX)
Horas después de la detención, relató la Fiscalía, “un grupo de personas ingresó con violencia a la cárcel ejidal para sustraer y retener a Antonio Vázquez Silvano y Francisco Vázquez Silvano”, a quienes privaron de la vida quemándolos: los golpearon, los ataron de manos y pies, y después los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el interior de una escuela.
Mientras tanto, Manuel “N” logró ser rescatado por la autoridad y entregado al agente del Ministerio Público.
Elementos policiacos se hicieron presente en el lugar de los hechos. No obstante, su intervención fue inútil ya que no llegaron a tiempo para salvar a las víctimas.
“Un grupo especializado de FGE integra la carpeta de investigación por el delito de homicidio, así como la realización de periciales y el desahogo de testimoniales para lograr la identificación de los responsables para presentarlos ante la justicia, mientras que el grupo interinstitucional realiza patrullajes para garantizar la paz en esa localidad”, señaló.
Gregorio Gómez Álvaro fue visitado durante la noche del 4 de diciembre en su domicilio por los agresores, quienes tras intercambiar algunas palabras lo asesinaron, contó uno de sus familiares (Foto: Captura de pantalla/Reporte Nacional MX)
De acuerdo con las primeras versiones, reportó Sin Embargo, Gregorio Gómez Álvaro fue visitado durante la noche del 4 de diciembre en su domicilio por los agresores, quienes tras intercambiar algunas palabras lo asesinaron, contó uno de sus familiares.
Por otro lado, el ex alcalde de Chamula, Domingo López Ruiz, fue asesinado a balazos, informaron fuentes gubernamentales el pasado martes, quienes lo describieron como uno de los “mayores promotores de la expulsión de indígenas evangélicos” desde hace más de dos décadas en ese municipio de Los Altos de Chiapas.
Las fuentes, consultadas por La Jornada, declararon que el ex munícipe fue asesinado al norte de la entidadfederativa: en un predio de cinco hectáreas que tenía desde hace 15 años en la colonia Tzementé, municipio de Yajalón. En la zona se hallaron varios casquillos de armas de fuego.
De acuerdo con distintas estimaciones, más de 30,000 habitantes de Chamula han sido expulsados desde la década de 1960 por caciques priistas tradicionalistas (Foto: Cuartoscuro)
De 61 años, López Ruiz fue nombrado alcalde interino de Chamula en junio de 1993 después de la renuncia de Lorenzo Pérez Jolote, también perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Era un profesor jubilado.
El dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, el pastor Esdras Alonso González, declaró que durante su administración se intensificaron las expulsiones de indígenas de Chamulaque se habían convertido al protestantismo.
De acuerdo con distintas estimaciones, señaló el medio, más de 30,000 habitantes de Chamula han sido expulsados desde la década de 1960por caciques priistas tradicionalistas. Utilizaban la excusa de que eran afines a la diócesis de San Cristóbal, entonces liderada por el obispo Samuel Ruiz García, o que se habían hecho evangélicos.
No obstante, tras acumular 57 denuncias, nunca fue investigado.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.