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México

Pobladores queman vivos a dos presuntos asesinos

Un centenar de pobladores de la comunidad El Censo, en el municipio de Ocosingo, lincharon y quemaron vivos a dos hombres, a quienes sacaron de manera violenta de la cárcel ejidal, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas este domingo.

Los sujetos fueron acusados de asesinar con arma blanca a un lugareño.

A través de un comunicado, la dependencia reveló que según la carpeta de investigación del caso, el agente rural del ejido, ubicado en la selva Lacandona“denunció la tarde de este sábado, que Antonio Vázquez Silvano, Francisco Vázquez Silvano y Manuel “N” privaron de la vida a Gregorio Gómez Álvaro con arma blanca”.

Tras ser capturados, fueron puestos a disposición de la autoridad rural.

Los privaron de la vida quemándolos: los golpearon, los ataron de manos y pees, y después los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el interior de una escuela (Foto: Captura de pantalla/Reporte Nacional MX)Los privaron de la vida quemándolos: los golpearon, los ataron de manos y pees, y después los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el interior de una escuela (Foto: Captura de pantalla/Reporte Nacional MX)

Horas después de la detención, relató la Fiscalía, “un grupo de personas ingresó con violencia a la cárcel ejidal para sustraer y retener a Antonio Vázquez Silvano y Francisco Vázquez Silvano”, a quienes privaron de la vida quemándolos: los golpearon, los ataron de manos y pies, y después los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el interior de una escuela.

Mientras tanto, Manuel “N” logró ser rescatado por la autoridad y entregado al agente del Ministerio Público.

Elementos policiacos se hicieron presente en el lugar de los hechos. No obstante, su intervención fue inútil ya que no llegaron a tiempo para salvar a las víctimas.

“Un grupo especializado de FGE integra la carpeta de investigación por el delito de homicidio, así como la realización de periciales y el desahogo de testimoniales para lograr la identificación de los responsables para presentarlos ante la justicia, mientras que el grupo interinstitucional realiza patrullajes para garantizar la paz en esa localidad”, señaló.

Gregorio Gómez Álvaro fue visitado durante la noche del 4 de diciembre en su domicilio por los agresores, quienes tras intercambiar algunas palabras lo asesinaron, contó uno de sus familiares (Foto: Captura de pantalla/Reporte Nacional MX)Gregorio Gómez Álvaro fue visitado durante la noche del 4 de diciembre en su domicilio por los agresores, quienes tras intercambiar algunas palabras lo asesinaron, contó uno de sus familiares (Foto: Captura de pantalla/Reporte Nacional MX)

De acuerdo con las primeras versiones, reportó Sin Embargo, Gregorio Gómez Álvaro fue visitado durante la noche del 4 de diciembre en su domicilio por los agresores, quienes tras intercambiar algunas palabras lo asesinaron, contó uno de sus familiares.

Por otro lado, el ex alcalde de Chamula, Domingo López Ruiz, fue asesinado a balazos, informaron fuentes gubernamentales el pasado martes, quienes lo describieron como uno de los “mayores promotores de la expulsión de indígenas evangélicos” desde hace más de dos décadas en ese municipio de Los Altos de Chiapas.

Las fuentes, consultadas por La Jornada, declararon que el ex munícipe fue asesinado al norte de la entidadfederativa: en un predio de cinco hectáreas que tenía desde hace 15 años en la colonia Tzementé, municipio de Yajalón. En la zona se hallaron varios casquillos de armas de fuego.

De acuerdo con distintas estimaciones, más de 30,000 habitantes de Chamula han sido expulsados desde la década de 1960 por caciques priistas tradicionalistas (Foto: Cuartoscuro)De acuerdo con distintas estimaciones, más de 30,000 habitantes de Chamula han sido expulsados desde la década de 1960 por caciques priistas tradicionalistas (Foto: Cuartoscuro)

De 61 años, López Ruiz fue nombrado alcalde interino de Chamula en junio de 1993 después de la renuncia de Lorenzo Pérez Jolote, también perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Era un profesor jubilado.

El dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, el pastor Esdras Alonso González, declaró que durante su administración se intensificaron las expulsiones de indígenas de Chamulaque se habían convertido al protestantismo.

De acuerdo con distintas estimaciones, señaló el medio, más de 30,000 habitantes de Chamula han sido expulsados desde la década de 1960por caciques priistas tradicionalistas. Utilizaban la excusa de que eran afines a la diócesis de San Cristóbal, entonces liderada por el obispo Samuel Ruiz García, o que se habían hecho evangélicos.

No obstante, tras acumular 57 denuncias, nunca fue investigado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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