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Pobladores roban combustible ante mirada de policías y personal de Pemex

Eran las 7:00 horas cuando se corrió el rumor en la comunidad de San Francisco Tláloc, Puebla, sobre un derrame en una toma clandestina. Algunas familias se organizaron con sus hijos pequeños para acudir al lugar a recoger del suelo el hidrocarburo regado.
Los niños llegaron con galones de cinco litros, otros, con envases de refrescos de dos litros. Los adultos que tienen camionetas cargaron con bidones de hasta 50 litros. Todos empezaron a llenar sus tambos frente a la mirada de policías estatales y municipales, quienes a esa hora no habían acordonado la zona.
«Vámonos señores. Retírense por favor, no pueden estar aquí. Es peligroso», gritaron algunos uniformados. Nadie les hizo caso.
«No nos sacan. No nos sacan», incitaban algunos jóvenes y animaban a los pobladores a participar en la rapiña. Más tarde, arribaron policías militares y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) pero tampoco pudieron hacer nada para desalojar la zona.
Algunos jóvenes y animaron a los pobladores a participar en el robo del combustible que se estaba derramando.
A la rapiña asistieron mujeres y niños Algunos jóvenes y animaron a los pobladores a participar en el robo del combustible que se estaba derramando. (Foto: (Foto: Héctor Tenorio))
Hombres, mujeres y niños iban y venían encima del ducto con el propósito de apoderarse de la mayor cantidad de gasolina.
Según reportes de Pemex, huachicoleros dejaron abierta una toma clandestina en la comunidad y alguien avisó a los habitantes sobre el derrame para que acudieran a robar.
La toma clandestina no fue sellada de manera inmediata por Pemex lo que provocó que el combustible se regara durante más de cinco horas.
La participación de niños y mujeres en la rapiña fue confirmada, en un comunicado de prensa, por el grupo de Coordinación Puebla Segura –conformado por el gobierno federal y estatal–.
El grupo especificó que, debido a que las autoridades evitaron un enfrentamiento con los pobladores, no hubo detenidos y hasta después del mediodía de este lunes, se logró desalojar el lugar.
“Fue imposible detener a los habitantes, entre los que se encontraban mujeres y niños, para evitar que robaran el combustible”, se lee en uno de los párrafos del comunicado.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó a Expansión que las autoridades de la población determinaron suspender las clases como una medida de precaución la madrugada de este lunes.
La comunidad de San Francisco Tláloc pertenece al municipio de San Matías Tlalancaleca, ubicado en el otro extremo de la zona conocida como Triángulo Rojo.
En mayo de 2016, cuando un grupo de habitantes de esta localidad exigieron frenar el robo de combustible, el alcalde del municipio, Óscar Anguiano reconoció que había sido rebasado por las bandas. Incluso denunció que meses antes había huido junto con su familia ante amenazas de muerte por parte de ladrones de gasolina.

(Expansión)

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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