Política

Poder Judicial: evaluaciones en “perspectiva de género”

Published

hace 3 años

Ago 26, 2022

redaccion

Todas las personas que concursen para ingresar o ascender en el Poder Judicial, sin distinción de jerarquías, escalafones ni fueros, serán evaluadas sobre “Perspectiva de género en clave de Derechos Humanos”.

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General del Poder Judicial firmaron esta semana una Acordada por la cual solicitaron al Consejo de la Magistratura de Río Negro que incluyan la temática en los exámenes de oposición de los concursos para jueces, juezas, funcionarios y funcionarias judiciales, “por tratarse de una política institucional de este Poder Judicial”.

Asimismo, para los concursos de ingreso y ascenso de agentes, personal administrativo y de organismos técnicos y auxiliares -que no tramitan a través del Consejo de la Magistratura sino a través de la Gerencia de Gestión Humana o de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del STJ- la Acordada directamente ordenó incorporar la temática a todos sus programas de evaluación.

La Acordada se integra con un temario de contenidos mínimos que deberá ser incluido en los programas de evaluación. En la primera parte del temario se señalan conceptos como “sistema patriarcal y androcentrismo”, “desigualdad estructural”, “brechas de género” e “interseccionalidad”, entre otros. En la segunda parte se establecen como contenido las normas provinciales, nacionales e internacionales que conforman el principal “marco normativo sobre los Derechos Humanos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+”. El tercer punto se refiere a “la perspectiva de género como política institucional en el Poder Judicial de Río Negro”.

Cabe señalar que el Consejo de la Magistratura es un organismo constitucional que no depende del Superior Tribunal de Justicia, sino que se integra con representantes del Poder Judicial, el Poder Legislativo y los colegios de profesionales de la Abogacía. Es por eso que la Acordada “solicita” a ese cuerpo la incorporación de la Perspectiva de Género en clave de Derechos Humanos en los exámenes de oposición que deben aprobar quienes concursan por titularizar juzgados, fiscalías, defensorías y secretarías.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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