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Podría cancelar registro del PRI-PVEM por inyectar dinero de Odebrecht a campaña de EPN

La inyección de dinero de forma ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto, reconocida por Emilio Lozoya como parte de los sobornos de Odebrecht, puede resultar en la cancelación del registro de los partidos políticos que los postularon, es decir el PRI y el PVEM, aseguró el ex consejero Alfredo Figueroa.

Expuso que hay una queja abierta en materia de fiscalización vinculada a las aportaciones que habría realizado Odebrecht a la campaña de Peña Nieto, pero el INE ha ido “dilatando la investigación” porque no hay respuesta de autoridades y privados que deciden no dar información.

“Hay un sistema de encubrimiento para que no se pueda avanzar en la investigación”, acusó. “No nos han dicho cuál es el estado que guarda”.

Figueroa apuntó que “tenemos información periodística pero también ministerial que lo que exhibe es todo un proceso de maquinación de una conducta reiterada, absolutamente grave, violatoria de la Constitución, que es la que tiene que ver con el ingreso de dinero ilegal de una empresa a una campaña política”.

Advirtió que “estaríamos ante una práctica no de una sola elección sino de un conjunto de elecciones”, pues a esto se suma la llamada Operación Zafiro, como se le conoció al desvío de recursos públicos en Chihuahua, los cuales fueron a dar a campañas del PRI.

De lo dicho por Lozoya se comprueba que Odebrecht financió campañas para después obtener beneficios, anotó.

Respecto al video de Pío López Obrador, Figueroa opinó que parece ser parte de una estrategia política y da la impresión de que se trata de un movimiento del PRI y Enrique Peña Nieto, pues fue grabado por el propio David León, quien antes trabajaba para el gobierno de Chiapas, con Manuel Velasco del Partido Verde, un ex aliado priista antes de que apoyara al actual presidente.

“Es bastante probable que esta revelación y video pudiera estar en poder de ese grupo político que encabezan Videgaray y Peña“, comentó.

En este caso se debe conocer el origen y cuál fue el destino de los recursos. Además de que señaló que no es lo mismo hablar de una aportación de un movimiento a hacerlo con un partido político y en este caso se habla de 2015, cuando Morena ya estaba constituido.

Consideró que el presidente AMLO debe ser ejemplar en materia de no incidir en ninguna investigación ni intentar justificar los hechos.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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