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Podrían heredar aquellas personas que no son familiares del fallecido pero que tuvieron contacto con él

Alejandro Gloria González, diputado por el Partido Verde Ecologista de México en el Poder Legislativo Estatal, propuso este día reformar el Código Civil, así como el Nuevo Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Chihuahua, en aras de que aquellas personas, que no estén comprendidas dentro de las fracciones de dichos ordenamientos, tengan derecho a heredar por sucesión legítima.

En tribuna el legislador señaló que de aprobarse dicha modificación, Chihuahua se convertiría en el primer Estado de México y probablemente del mundo, en atender este vacío legal en cuanto al tema de la suplencia de la voluntad y que además de proteger a quién lo merece legítimamente y lo prueba, se retomaría la importancia al tema sobre la reclasificación entre el Derecho Familiar y Derecho Civil, materias con naturaleza jurídica distinta.

Asimismo recordó “la sucesión legítima tiene el objetivo de suplir la voluntad del fenecido, y los legisladores hemos estado equivocados al considerar que la única voluntad del de cuyus, es otorgar una herencia a sus familiares, que si bien es cierto que el Estado protege a la familia, esto no siempre concuerda con el sentir de la persona”.

Además dijo que el considerar a personas con un lazo distinto al que rige lo familiar, no viola ninguna disposición, ya que un heredero es un “adquirente” sin distinción específica.

Por otro lado, explicó que hay personas que han crecido sin familia, o que al llegar a un punto de su vida, no tienen familiares, por lo que dejan sus bienes a distintas personas, en donde verdaderamente existe un vínculo afectivo por procuración y cuidado, sin necesidad de existir un parentesco.

“Casos como el anterior suceden regularmente, así que, tomando en consideración el hecho de que en la Sucesión Legítima, la Ley suple la voluntad del de cuyus, entonces, ¿por qué la Ley no contempla a estas otras personas que han procurado al fallecido de una manera tal que también merece una protección legal? Existen muchos casos en los que dentro de la familia, no hay un lazo más allá que el consanguíneo, pero que en vida, solo se dedicaron a ignorar o desaparecer entre ellos, y aún así son considerados por la Ley para recibir una herencia”, señaló el legislador.

En ese sentido la propuesta busca que aquellas personas, que no estando comprendidas dentro de las fracciones de dichos Códigos y a falta de los mismos, formaren un lazo con el fenecido por haber procurado y convivido con éste de una forma constante, desinteresada y cercana, en los últimos 5 años.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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