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México

Polémica en el Baja Beach Fest: Natanael Cano golpea a DJ y destruye su computadora en pleno show

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Rosarito, B.C.– El cantante de corridos tumbados Natanael Cano volvió a colocarse en el centro de la controversia tras protagonizar un altercado con un DJ durante su presentación en la última jornada del Baja Beach Fest 2025.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Cano interrumpe su actuación, se acerca visiblemente molesto al DJ —presuntamente por un error en la música— y lo agrede físicamente. En la secuencia también se observa cómo arroja la computadora del músico al suelo, dejándola inutilizable.

El incidente dividió opiniones entre los asistentes: mientras algunos reprobaron su conducta, otros lo ovacionaron. La confrontación no pasó a mayores gracias a la intervención de personas en el escenario. Cano abandonó el show brevemente y regresó minutos después para continuar cantando, mostrando sus nudillos lastimados al público.

Ni los organizadores del festival ni el propio artista han emitido declaraciones oficiales. La polémica se suma a otros episodios recientes, como la revocación de su visa estadounidense, luego de que presuntamente mintiera en su solicitud fingiendo ser un músico religioso para poder presentarse en el país.

Natanael Cano, de 24 años, es uno de los máximos exponentes del género de corridos tumbados, considerado precursor junto a figuras como Peso Pluma. Su trayectoria, iniciada en 2019, ha estado marcada tanto por éxitos musicales como por recurrentes controversias, incluidas acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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