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México

Policías de Guanajuato, torturaron y agredieron sexualmente a adolescentes

La redada policíaca que tuvo lugar en el centro de León, Guanajuato, luego de una manifestación contra las agresiones sexuales que sufrió Evelyn hace menos de dos semanas por parte de policías municipios, dejó como saldo al menos 22 de detenciones arbitrarias contra menores y adultos, denuncias de tortura, agresiones sexuales, brutalidad policial y múltiples violaciones a los derechos humanos.

Además, se pudo constatar de primera mano que las diferentes delegaciones de las Centrales de Policía (CEPOL) a nivel municipal negaron brindar información sobre la identidad, estado físico y paradero de las mujeres detenidas tras la manifestación.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), además de un varón y 22 mujeres liberadas alrededor de las 4:00 horas del 23 de agosto, se tiene información de mujeres que no llevaron a las estaciones de la policía, pero que tampoco se tienen sus nombres.

REDIM teme que sean víctimas de desaparición forzada por parte de policías de León.

Una menor de 17 años, quien fue detenida en el Centro de León, cerca de la Plaza Expiatorio, narró que cuando las agentes la subieron a la patrulla junto con otras manifestantes la insultaron y la comenzaron a golpear.

Relató que durante todo el trayecto los policías la violentaron física, verbal y sexualmente. Recibió varios golpes en la cabeza, le jalaron el cabello y le tiraron varios puñetazos. Cuenta que las compañeras que intentaron defenderla también recibieron golpes de parte de las oficiales.

En su testimonio dio cuenta que agentes varones golpearon a más compañeras. Una de ellas fue ahorcada y tuvieron que auxiliarla por las marcas de violencia que tenía en el cuello.

La menor aseguró que un policía la agredió sexualmente metiéndole la mano bajo la falda.

Compañeras de esta menor de 17 años confirmaron su testimonio y agregaron, además, que entre varios agentes la semidesnudaron antes de subirla a la patrulla, subiéndole la falda y rompiéndole la blusa.

El testimonio de esta menor confirma más agresiones sexuales a adolescentes que participaron en la manifestación.

Otra mujer detenida con quien POPLab tuvo comunicación la madrugada del 23 de agosto, relató que cambiaron los datos de su acta de detención policial, de lo cual se dio cuenta cuando llegó con el juez: hora de arresto, los cargos imputados, el lugar de la detención fueron cambiados.

Explicó que la hora del arresto que anotaron era a las 10:30 de la noche y el lugar la calle Madero del Centro Histórico, una conocida zona de bares en la ciudad. Dentro del acta de detención decía también que se tuvo que aplicar fuerza porque se opuso a la detención, cosa que no sucedió de esa manera.

De acuerdo con más de diez testimonios recogidos, muchas manifestantes fueron ahorcadas cuando se reunieron afuera de la caseta de policía en la Plaza Expiatorio, a quienes también les golpearon a puño cerrado y les jalaron del cabello.

A una menor de edad le arrancaron las perforaciones de la cara y las orejas al arrestarla; declara que una agente le dijo “estas arracadas me gustan para la boda de la próxima semana, me las voy a quedar”.

Otra manifestante recordó como una agente la estaba ahorcando, pero cuando le dijo lo que estaba haciendo la policía le respondió: “no te ahorqué, sigues viva”.

Otras manifestantes que fueron a auxiliar a sus compañeras agredidas en el Arco, los policías las empezaron a seguir en automóvil. A otras las bajaron de sus autos para arrestarlas cuando ya estaban lejos del primer cuadro de la ciudad.

La mayoría de las detenidas recibieron comentarios denigrantes y sexualizantes de los agentes varones que participaron en la redada posterior a la manifestación.

De forma general, los testimonios recabados relatan que las agentes les amenazaban personalmente, se burlaban de ellas, las ofendían y las golpearon en muchas ocasiones al interior de las patrullas.

Un grupo más de mujeres cuenta que llegando a las instalaciones de CEPOL Norte, las amenazaron con tomarse “selfies” con ellas sin su consentimiento y que les traerían policías varones en forma de amenaza.

Las acompañantes y manifestantes detenidas confirman que las patrullas 717 y 713 municipal, así como la 113 estatal fueron algunas de las involucradas en la redada.

¿Detenciones planeadas?
Las manifestantes recordaron que desde antes del acto de protesta se taparon todos los puntos de salida de alrededor del Arco de la Calzada, con grupos de agentes de la policía.

Otra mujer detenida relató que muchos de los locales cercanos del Arco cerraron, mientras que les quedaron abiertos recibieron amenazas para no resguardar a las manifestantes.

La mujer dijo que cuando ella y otras de sus compañeras se quisieron refugiar en una heladería, al darse la redada, la empleada del lugar les dijo al borde de las lágrimas que no podía dejarlas entrar.

En otros casos, las manifestantes detenidas fueron reconocidas por los policías en la parada del OptiBus (oruga) del Sistema Integrado de Transporte (SIT), quienes se metieron al sistema de transporte para detenerlas y subirlas a la patrulla.

Ahí también privaron de su libertad a mujeres que salían del trabajo.

A una madre con su hija la detuvieron en la parada del camión, pese a que nada tenían que ver con la manifestación. A la menor le quitaron sus pertenencias con violencia con todo y ninguna de las dos opuso resistencia.

Una muchacha que transitaba por la zona en bicicleta, con su pareja, también fue arrestada.

Las revictimizan
Al menos dos mujeres, una de 17 años y otra de 20, que sufrieron agresiones policiacas asistieron al Hospital Materno-Infantil en León, debido a que el Hospital General se encuentra destinado exclusivamente a la atención de casos de COVID-19.

La Red Feminista de León reportó que había un médico en el turno de la noche, quien por falta de capacidad no pudo atender a las dos mujeres con rasgos de tortura y violencia.

Después de ocho horas de espera, agentes de Trámite Común del Ministerio Público acudieron al hospital a tomar la declaración de una de las adolescentes violentadas.

La Red Feminista reportó que los agentes revictimizaron a la adolescente y a su madre con tratos violentos, además de que los agentes de Trámite Común no se encontraban capacitados para atender a víctimas adolescentes de violencia sexual.

La doctora Marisela Loza Vázquez, documentaron, también revictimizó a las mujeres que acudieron para una valoración médica después de la represión y tortura.

De acuerdo con REDIM, hay adolescentes y jóvenes que, junto con sus familias, presentaran denuncias formales por detención arbitraria, violencias múltiples, tortura y agresiones sexuales.

Organizaciones repudian represión
Por el abuso de autoridad, los tratos de tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas la noche del sábado en León, activistas de todo el país condenaron la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública de León y exigieron la renuncia del titular, Mario Bravo Arrona.

Desde la noche del sábado existieron inconsistencias en la información oficial que salió de la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre el número de personas detenidas. Mientras organizaciones feministas hacían sus propias listas de mujeres que estaban en calidad de desaparecidas, sin poder confirmar si se encontraban en alguna delegación de policía, la dependencia municipal cambió cifras de las detenidas.

El sábado a las 22:29, la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que había 25 mujeres detenidas y un hombre, pero solo 30 minutos después bajó el número a 22 mujeres y un hombre. 90 minutos después dio a conocer los nombres de las personas detenidas.

La Red de Movimientos Feministas de Guanajuato y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, solicitaron entre otras cosas “que las autoridades respeten los espacios ya establecidos legalmente para la resolución de las demandas que originan las protestas sociales”; “que los protocolos vigentes de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales sean apegados a los máximos estándares de derechos humanos en la materia”; “que las autoridades investiguen el caso de violencia sexual en contra de Evelyn cometida por parte de los policías municipales y sean sancionados de acuerdo a la ley “ y las violaciones a derechos humanos contra las “manifestantes que acudieron… a la marcha así como de las periodistas que la cubrieron”.

Por su parte, el Colectivo por la Libertad de Expresión Guanajuato publicó un pronunciamiento para evidenciar los ataques a las feministas, pero también a cuatro reporteras que documentaron los golpes y las detenciones.

A las muestras de rechazo se sumó la Universidad Iberoamericana de León, y recordó que no es la primera ocasión en la que los policías violentan a las mujeres, aunque han existido recomendaciones de Derechos Humanos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se puso en contacto con algunas de las víctimas y confirmó que están por llegar a León para dar seguimiento. La Procuraduría Estatal solo emitió un breve comunicado en el que informa que se abrió el expediente de queja 108/2020-A.

León dice investigar represión
Sin hacer referencia a los golpes y los jaloneos documentados en videos, tampoco sobre la violencia sexual contra dos menores de edad detenidas, el gobierno municipal de León emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre la investigación que inició por la actuación de la policía.

La investigación quedó bajo el expediente 305/20-POL, como parte del protocolo que tiene la Secretaría.

A decir de la administración del panista Héctor López Santillana se “garantiza” la libertad de expresión, aunque en los videos se aprecia a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública agrediendo a reporteras que se identificaban como prensa.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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