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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

México

Gerardo Ortiz se declara culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel de México

Gerardo Ortiz aceptó su culpabilidad por un cargo de conspiración al violar la Ley Kingpin, «la cual permite al gobierno estadounidense imponer sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos», explica Univision Noticias.

El cantante reconoció ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que cantó «en unos seis conciertos» que un promotor le organizó en México, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2018, debido a que presuntamente habría lavado dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Univision Noticias, la información se habría tenido «en secreto» por la cooperación del artista de 35 años con las autoridades en el caso de Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, quien está siendo enjuiciado en Los Ángeles también por presuntamente violar la Ley Kingpin.

La culpabilidad de Ortiz se habría revelado durante el juicio de Del Villar, quien fue su representante por algún tiempo.

¿Qué tiene que ver Gerardo Ortiz en el juicio de Ángel del Villar?

 

El juicio contra Ángel del Villar, quien fue pareja de Chiquis Rivera, comenzó el 17 de marzo y se declaró inocente de haber violado la Ley Kingpin. Univision Noticias informó que los abogados del empresario musical «están seguros de que el jurado lo absolverá de los cargos que pesan en su contra».

Según el Departamento de Justicia, las acusaciones en contra de Ángel del Villar serían porque se habría asociado con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear y la empresa Gallística Diamante, los cuáles presuntamente están vinculados al Cartel de Jalisco.

Pérez Alvear, alias ‘Chucho’, fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México.

El fiscal federal Alex Schwab señaló en la corte sobre la participación de Gerardo Ortiz en el caso y reveló que el cantante ya había aceptado su culpabilidad. Incluso, señaló que es uno de los testigos en el caso de Ángel del Villar.

Fue en mayo de 2020 cuando el FBI cateó las oficinas de Del Records para comenzar con las investigaciones del presunto vínculo con el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

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