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Pone reforma en grave riesgo a todo el sistema financiero: Banqueros

La reforma que se pretende hacer a la Ley del Banco de México pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, pues incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y lo transfiere a Banxico, alertó la Asociación de Bancos de México (ABM).

“La ABM hace un llamado a que la iniciativa se discuta ampliamente antes de ser votada, y se enriquezca con la opinión de expertos y las propuestas del propio Instituto Central”, indicó el organismo en un comunicado difundido este domingo.

Consideró que la autonomía del Banco de México es una de las mayores fortalezas conseguidas por el país, por lo que se debe cuidar y evitar que cambios en su operación la demeriten.

Luego de aclarar que la iniciativa, que se aprobó en el Senado y fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión, no ha sido promovida por la ABM, el organismo insistió en que la propuesta legislativa incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo.

“Esta medida podría eventualmente comprometer la integridad de las reservas internacionales del país y afectar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”, afirmó el organismo.

La ABM dijo también que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía, podría aumentar el riesgo percibido en torno del Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero del país.

Los efectos de ese deterioro serían un impacto negativo en varias de las operaciones financieras que se realizan con el exterior, como son el manejo de las reservas internacionales, las líneas de crédito y financiamiento para cualquier entidad nacional, incluido el gobierno federal, y la custodia de activos internacionales, entre otras, dijo la Asociación.

Reconoció que es legítimo atender a la brevedad posible los problemas de operación que una acotada parte de la población aún encuentra al cambiar sus ingresos en dólares obtenidos legalmente a moneda nacional.

Consideró como indispensable, por tanto, que a la brevedad posible y entre todos los actores involucrados, encuentren una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido.

“La ABM se suma a la propuesta de un debate profundo y consensuado”.

Añadió que la reforma dañaría la confianza internacional ganada a través de muchos años por el Banco de México y por la banca mexicana, provocando efectos adversos en la economía nacional.

Afirmó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares que sostienen la estabilidad macroeconómica del país, y que se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

“Gracias a estos cambios, el sistema financiero mexicano goza de la confianza del sistema financiero internacional”, aseveró el organismo.

La gravedad de los riesgos asociados a la iniciativa a debate en la Cámara de Diputados exige una discusión profunda, que considere las opciones disponibles, reconozca las posiciones existentes y evalúe los logros alcanzados, concluyó la ABM.

Fuente: Aristegui Noticias

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Canacintra, CNA y Coparmex rechazan acuerdo de AMLO con CCE sobre el outsourcing

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo que firmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos con el Ejecutivo porque se preserva la idea de desaparecer el outsourcing o subcontratación, en lugar de que la autoridad se comprometa a supervisar el cumplimiento de las leyes actuales.

Para esos tres organismos del sector privado, la iniciativa que presentó el Ejecutivo para desaparecer el outsourcing “dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”.

Minutos después de que en Palacio Nacional se firmará el acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal, con el cual, el Congreso discutirá hasta febrero próximo la iniciativa para desaparecer la subcontratación u outsourcing, los tres organismos del sector privado anteriores emitieron un comunicado en el que afirman que se relega el uso de dicho esquema a la subcontratación especializada.

“La iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas”, y lo firmado hoy en la mañana por algunas organizaciones empresariales mantiene sin cambios la propuesta del gobierno federal.

Para la Canacintra, CNA y la Coparmex “esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos”.

El Consejo, la Cámara y la Confederación rechazaron la pretensión de “estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales”.

Añadieron que “la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización”.

Por ello, es “absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas”, porque sí hubo algunas que cometieron algún ilícito no fueron una minoría y no todas.

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