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México

Ponen a la venta avión de Colima

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, informó que puso en venta el avión del Gobierno del Estado, como una de las medidas para fortalecer y mantener las políticas de austeridad que está implementando.

Sobre el particular, dijo que el objetivo es obtener recursos inmediatos que pueden destinarse a favor de todos los colimenses, los cuales serán utilizados para los rubros de salud e infraestructura deportiva.

Precisó que de la venta del Beechcraft King Air B200 de siete plazas, se calcula obtener un ingreso aproximado de 2.5 millones de dólares, por lo que giró la instrucción de que ni un solo centavo de ese dinero se destine a gasto corriente, solamente a inversión productiva que garantice un beneficio directo para la población.

Precisó que darán a conocer los diferentes proyectos que generen este beneficio, que se constituyan en verdaderos activos sociales a favor del Gobierno del Estado y que tenga beneficios inmediatos y tangibles para toda la sociedad.

Explicó que actualmente, el gasto mensual promedio que representa el avión del Gobierno del Estado es de 60 mil dólares, incluyendo costos de combustible, insumos, mantenimiento preventivo, correctivo, costo de seguros y derechos de uso del aeropuerto, por lo que tomó la decisión de viajar en vuelos comerciales.

Beechcraft King Air B200

avión en venta de Colima
Aclaró que cuando producto de su labor como Gobernador sea necesario acudir a reuniones de trabajo o realizar gestiones fuera de la entidad, se desplazará a través de vuelos comerciales, y sólo cuando las circunstancias y horarios así lo exijan, lo hará en taxis aéreos.

En su intervención, el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners, explicó que son tres procedimientos los que se seguirán para la venta del avión: la baja de la aeronave, la licitación y la desincorporación del avión.

Indicó que el procedimiento de la baja ya se llevó a cabo, el cual se da cuando el Gobernador determina la causal y se instruye a la Dirección de Bienes Patrimoniales que inicie el proceso de desincorporación.

Meiners mencionó que una vez dado de baja ya no se puede utilizar, “sigue siendo parte del patrimonio del Gobierno del Estado, pero ya no se puede utilizar”.

Dijo que siguiendo el reglamento de la Ley de Adquisiciones, ya se realizó un peritaje por parte de un experto, el Ingeniero David Ziman Bramzon, quien está acreditado por el Colegio de Ingenieros Mexicanos de Aeronáutica AC, quien determinó que la aeronave tiene un valor de mercado de 2 millones 520 mil dólares, aproximadamente 46 millones de pesos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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