6 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron por declarar constitucional la materia de la consulta sobre si debe enjuiciar a cinco ex presidentes (desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto), aunque reformularon la pregunta que planteó realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, hizo la diferencia con su voto y su pronunciamiento a favor de la consulta desde un principio, marcando su rechazo al proyecto de Luis María Aguilar, quien propuso declararla inconstitucional.

“Al haberse alcanzado una mayoría porque la materia es constitucional, vamos a hacer un breve receso para poder analizar las distintas propuestas”, refirió sobre una posible reformulación de la pregunta, que haría la propia Corte, con la participación de todos los ministros.

Luis María Aguilar aseguró que la pregunta que envió AMLO pone en riesgo los derechos de los señalados. Se trata de la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Por 8 votos contra 3, aprobaron la siguiente pregunta que será enviada al Senado: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Previamente, Aguilar sostuvo que “la Constitución y la ley no pueden sujetarse a una consulta”.

Y expuso que la tarea de la SCJN no tiene nada que ver con decidir si debe investigarse o no a expresidentes por delitos que supuestamente cometieron, sino solo analizar la constitucionalidad de los fundamentos de una pregunta que se sometiera a una consulta popular.

En contraste, el ministro presidente Arturo Zaldívar, se pronunció contra el proyecto de Aguilar, porque aseguró que la Corte no puede ser una “puerta cerrada” a la participación ciudadana.

Argumentó que no debemos confundir la procedencia de la consulta con sus efectos vinculantes y pueden consultarse todas aquellas que no estén expresamente prohibidas, para abrir las puertas a la reflexión ciudadana.

Subrayó que la materia de esta consulta no está prohibida por la Constitución.

“La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido”, acotó.

Y sostuvo que “la presente consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías”.

“La consulta que se nos plantea no asume que las personas que menciona son responsables… lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos”, abundó.

“No podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas y por tanto se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública”, apuntaló.

“No advierto ningún impacto constitucional previsible de la consulta”, finalizó.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que se debe reformular la pregunta: “Mi propuesta sería por interpretar la materia de la consulta y solamente bajo esta premisa reconocer la validez de la misma, pasando entonces a reformular la pregunta. En caso contrario, si este tribunal considera que la materia de la consulta sí vincula a la procuración de justicia entonces mi voto sería con el proyecto”, indicó.

Además, consideró que el objeto de la consulta son las facultades discrecionales del Ejecutivo para actuar o no actuar y conocer hechos del pasado.

Margarita Ríos Farjat consideró que el proyecto de Aguilar interpretó de forma rígida y restrictiva la consulta que propuso AMLO, por lo que votará contra el mismo.

Afirmó que el proyecto no plantea una alternativa de pregunta pese a que la SCJN tiene la facultad de modificarla.

“La Suprema Corte no puede mantenerse ajena a la realidad y no dar cauce a alternativas que den participación a la ciudadanía, como es la consulta popular”, agregó.

La ministra Yazmín Esquivel Mossa indicó que votará en contra del sentido del proyecto y propuso se declare constitucional la materia de la consulta y se proceda a examinar y en su caso modificar, si la pregunta que se formula se ajusta a los requisitos previstos en la ley federal de consulta popular.

El ministro Alberto Pérez Dayán también planteó modificar la pregunta pero advirtió que la materia de la consulta es constitucional.

“Me pronuncio por considerar que la materia de la consulta sí es disponible para efectos de su opinión popular y en consecuencia correspondería a este tribunal modificar la pregunta… (para que) no sea tendenciosa, no sea inquisitoria y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo”, indicó.

“La materia de la consulta sí es viable, todo ello con absoluta independencia de que en el terreno subjetivo me parezca ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”, concluyó.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso una conceptualización distinta del objeto de la consulta, reformando la pregunta.

“Considero que replantear el objeto para que no exceda las limitantes de la consulta popular y consecuentemente reformular la pregunta es una labor garante con los derechos humanos”, comentó.

5 ministros respaldan declararla inconstitucional

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo anunció su voto a favor del proyecto de Aguilar.

En ese sentido, Javier Laynez opinó que esta consulta no debe llevarse a cabo por lo que votó a favor del proyecto de declararla inconstitucional.

“¿Desde cuándo un presidente necesitaría una consulta para ver si realiza esfuerzos o instruye a sus órganos para buscar elementos para que se haga justicia?”, cuestionó. “La justicia no se consulta”.

“Este tribunal no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos”, añadió.

José Fernando Franco González estimó que la consulta formulada conlleva la violación y por consiguiente la restricción de derechos, en particular los que deben ser respetados a toda persona en nuestro país, como la presunción de inocencia. Por ello, votará con el proyecto, aunque separándose de varias consideraciones.

La ministra Norma Lucía Piña dijo que la Corte no tiene facultades para modificar la materia de la consulta.

Y apuntó que “si las autoridades tienen información de comisión de delitos por los expresidentes, es su responsabilidad y obligación denunciar inmediatamente ante la Fiscalía para investigar y perseguir el delito sin que sea necesario la consulta”.

Fuente: Aristegui Noticias