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Por austeridad, Secretaría de Economía limita uso de papelería, luz y agua en baños

Aún cuando la Secretaría de Economía decidió cancelar el retiro de equipo de cómputo, mantendrá el recorte de gastos, según establece en los lineamientos de austeridad para sus empleados, en los que ordena sólo el uso “indispensable” de energía eléctrica y agua en los sanitarios; informa el retiro refrigeradores, hornos de microondas, cancelación de impresión de documentos y la entrega de papelería cada mes.

También están cancelados los servicios de fumigación y jardinería, por lo que invita a los funcionarios a “adoptar una planta” y limpiar sus áreas de trabajo; habrá menos vigilantes en los inmuebles y los autos propiedad del gobierno se quedarán estacionados el resto del año por falta de presupuesto para el mantenimiento y gasolina.

Apenas este sábado, el portal de noticias Expansión dio a conocer que serían retiradas 3 de cada 4 computadoras en la Secretaría de Economía, lo que obligaría a los funcionarios públicos a llevar su computadora portátil o comprar el equipo que usaban en su lugar de trabajo por 4 mil pesos, pero ayer los funcionarios recibieron un oficio con fecha del 3 de julio en el que se cancelaba esa medida.

Sin embargo, las acciones consecuentes al retiro de computadoras fue tema de trabajo en una reunión del 29 de junio entre funcionarios de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, a cargo de Luis García Sánchez, y la dirección general de Tecnologías de la Información, a cargo de Juan Miguel De la Garza Chacón.

De acuerdo con la minuta de dicho encuentro, los directivos informaron que no había recursos ni servicios tecnológicos suficientes para almacenar la información de la dependencia contenida en dichos equipos, por lo que los funcionarios debían encargarse del respaldo.

Para cumplir con el decreto de austeridad del gobierno Federal que establece la obligatoriedad de disminuir 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, la Secretaría de Economía diseñó lineamientos que fueron notificados a través del oficio circular No. 700.2020.00003711.2020.01 el pasado 26 de junio, obtenido por Animal Político.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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