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México

Por caso Ayotzinapa, hay 119 personas y 1147 personas han declarado: PGR

La PGR señaló que se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hay 69 personas bajo proceso y aclaró que si aún no hay sentencia en el caso es por las circunstancias propias de los procesos penales.

A cuatro años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, expuso que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias, se cuenta con un equipo humano dedicado exclusivamente a la atención de dicho caso, y hay 620 tomos de expediente de averiguación previa.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó se cuenta con mil 447 personas declaradas ante el Ministerio Público, mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Como resultado de las investigaciones, añadió, se han efectuado además numerosas consignaciones ante los tribunales, y se encuentran bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

En un comunicado, abundó que en materia de búsqueda se han efectuado 650 acciones pie-tierra en coordinación con distintas corporaciones, se ha aplicado tecnología LiDAR en superficies de aproximadamente un kilómetro cuadrado y 60 kilómetros cuadrados, en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.

Señaló que se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, en lo que han intervenido integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), además de peritos de la PGR, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georadar y con binomios caninos.

Asimismo se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las que se consideran necesarias a partir de la información que surge de las referidas indagaciones.

La Procuraduría aclaró además que las circunstancias propias de los procesos penales, entre las que se encuentra el alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados, han arrojado que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público.

Reiteró, además de su compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación a “las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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