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Por Covid-19, también ‘suspenden’ playas mexicanas

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Las playas mexicanas se mantendrán cerradas al turismo como parte de las medidas para acatar la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19 decretada por el gobierno federal.

Como parte de las medidas de sana distancia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la actividad turística en las playas queda suspendida debido a que no puede haber más de 50 personas reunidas al mismo tiempo.

“Lo que lleva a que en el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal, se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas, ya sea para el turismo internacional, nacional o local”, expresó en conferencia de prensa.

Ante la preocupación de los estados que viven del turismo, el vocero de Salud explicó que la restricción de actividades en las playas nacionales fue acordada durante una reunión de trabajo en la que participaron, de forma virtual, los gobernadores de las 32 entidades del país.

Tras el encuentro virtual con los gobernadores de las entidades, el funcionario de Salud destacó la “unidad” que los mandatarios mostraron en respaldo a las medidas para frenar una mayor propagación del nuevo virus.

Cabe recordar que el cierre de playas abarcará el periodo de Semana Santa, el cual este año resiente el impacto económico de la emergencia sanitaria generada por la epidemia de coronavirus.

Entre las playas que cerraron actividades al turismo desde la semana pasada está la isla Holbox como parte de una medida que impusieron los habitantes del municipio Lázaro Cárdenas en Quintana Roo.

La playa de Miramar en Tamaulipas también restringió actividades al turismo previo a la declaratoria de emergencia del gobierno federal.

De igual manera, las actividades turísticas quedaron suspendidas en las playas de Sonora y Tabasco.

En contraste, la playa de Acapulco se mantuvo abierta al turismo y registró una afluencia importante hasta el pasado fin de semana.

Fuente: Aristegui Noticias

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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