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Por decreto, niña violada es obligada a ser madre en Argentina

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Una niña argentina de 10 años que quedó embarazada luego de ser violada por su padrastro no puede abortar debido a un decreto firmado por el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey.

El caso, que provocó un escándalo nacional, estalló en medio del debate por la legalización del aborto que lleva a cabo el Congreso desde el pasado 10 de abril, en audiencias en las que hablaron cientos de ponentes a favor y en contra de esta práctica.

En Argentina el aborto es legal por violación o cuando está en riesgo la vida de la madre, sin plazos específicos, pero este derecho no se le quiere reconocer a la niña de 10 años que ya cursa un embarazo de 19 semanas.

El problema es que Urtubey, un gobernador que quiere ser presidente de Argentina, firmó un decreto que contraviene la legislación nacional e incluso un fallo de la Corte Suprema, ya que limita el aborto por violación dentro de las 12 semanas de gestación.

La niña, cuya identidad se mantiene en reserva para protegerla, fue violada de manera repetida por su padrastro, y la madre se enteró de los abusos cuando la llevó a un hospital porque tenía dolores de estómago.

Salta, ubicada a mil 300 kilómetros en el norte de Buenos Aires, es una de las provincias más conservadoras de este país y este no ha sido el único caso que ha provocado una conmoción nacional.

Hace dos años se difundió la historia de una niña indígena de 12 años que quedó embarazada después de una violación colectiva (práctica frecuente en Salta) y que sólo pudo abortar porque el feto era anencefálico.

Por estos y otros casos es que el movimiento de mujeres espera que el 13 de junio la Cámara de Diputados vote la legalización del aborto que después tendría que ser ratificada por el Senado.

En este país anualmente se realizan alrededor de medio millón de abortos clandestinos al año que provocan la muerte, en promedio, de 30 mujeres.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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