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Por ley: Personas que abandonen a adultos mayores pasarán hasta 5 años en la cárcel

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal federal para sancionar con hasta cuatro años de privación de la libertad a quien abandone a un adulto mayor y no exista daño alguno por la ausencia de quien este obligado a hacerse cargo de la persona de la tercera edad.

Las y los diputados reformaron el Código Penal para incorporar sanciones de un mes a cuatro años de prisión a quien cometa dicho delito.

Los diputados expresaron que los adultos mayores son una población que vive en una lucha constante por integrarse a la sociedad y para que se garanticen sus derechos humanos.

La propuesta se aprobó con 464 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados estipuló la obligación de hacerse cargo de las y los ancianos.

En caso de que la persona sancionada sea el tutor o tenga la patria potestad del adulto mayor, ésta le será retirada.

Entre los cambios, también se establece que al que abandone sin motivo aparente a un anciano, además de dejarlo sin recursos para que pueda atender sus necesidades, se le podría aplicar una multa de 180 a 360 días y pasaría entre un mes y cinco años en prisión.

Además, se le impondría la privación de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Dicho delito se perseguirá a petición de la parte que resulte agraviada, gracias a las modificaciones a los artículos 355, 336 y 337, que actualmente sólo aplicaba para menores de edad incapaces de cuidarse, a personas enfermas, a los hijos y al cónyuge.

Según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en México hay cerca de 13 millones de personas que son adultos mayores, de estas, el 16 por ciento está en rasgos de abandono y maltrato por parte de sus familiares.

El mismo Sistema Nacional señala que en la población que cuenta con más de 60 años de edad está catalogado como un sector social y económicamente vulnerable, ya que el 47 por ciento de dicha población vive en situación de pobreza y entre un 20 y 30 por ciento sufre de violencia física, psicológica y económica.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que el ingreso promedio de las personas mayores de 60 años de edad en el país es de 5 mil 245 pesos al mes, una cantidad que no es suficiente para que una persona pueda mantenerse, por lo que sus descendientes tienen la obligación de alimentarlas.

Por último, los diputados señalaron que los cambios tienen el objetivo de establecer que el delito de abandono aplicará a toda persona de la tercera edad que sea incapaz de cuidarse por sí sola, esté enferma o no cuente con recursos necesarios para subsistir.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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