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Opinión

¿Por qué apoyar #LEY3DE3? Por Pedro Kumamoto 

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Todos conocemos a un vecino que durante varios años mantuvo un mismo estilo de vida, misma casa, viajes, ropa, pero que un buen día, de la noche a la mañana, estas condiciones cambiaron. Todos tenemos al vecino que se mudó de nuestra colonia y fincó en los mejores lotes de un condominio lujoso, que cambió a sus hijos de la escuela al colegio con más pompa de la ciudad y del que ya sólo sabemos de su existencia por las revistas de sociales. La historia no acaba ahí, pasados unos días nos enteraremos de que lo que podría parecer un golpe bondadoso del azar a través de la lotería, una herencia o la buena planificación en los negocios del vecino, es en realidad un giro en su profesión: nos enteramos que el vecino ahora se dedica a la política.
¿Quién podría decir que este es un caso aislado? ¿Quién podría negar que en la política mexicana hay enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos funcionarios públicos han caído a la cárcel por la corrupción? Las respuestas podrían entristecernos. Sin embargo, creo que hoy existen alternativas.
Detrás de la lucha anticorrupción hay años de trabajo de organizaciones, activistas, redes y académicos que esta semana se unieron para impulsar la iniciativa ciudadana #Ley3de3. Hemos hecho un frente en común para salir a las calles y juntar 120,000 firmas para llevar a la discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana que termine de una buena vez con la corrupción.
Es importante apoyar la #Ley3de3, o propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque nos da herramientas para castigar conductas o actos de corrupción como soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, nepotismo, utilización ilegal de información falsa y conspiración para cometer actos de corrupción. Esto significa volver delito muchas de las prácticas nocivas que hoy no son delitos en nuestro país. Otro punto innovador es que obliga a la creación de una “lista negra de corruptos”, o Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS), para evitar que estas personas ingresen de nuevo al trabajo público.
Finalmente, es importante reunir firmas para esta iniciativa porque vuelve ley una buena práctica que pocas candidaturas realizamos en las elecciones pasadas: el famoso #3de3. Es decir, presentar tres declaraciones antes de asumir el cargo: la declaración patrimonial, lo que tienes; la declaración fiscal, los impuestos que has pagado; y la declaración de intereses, en dónde trabaja tu familia, tus empresas, etc. Estos detalles nos permitirían darle seguimiento al patrimonio de los servidores públicos y seríamos capaces de señalar con claridad las discrepancias entre el dinero que deberían tener los servidores públicos por su sueldo y lo que tienen en realidad, para así inhibir el enriquecimiento ilícito.
Esta historia del vecino político criminal debe acabar. Por eso les invito a impulsar esta iniciativa a nivel nacional consiguiendo firmas. A nivel local les invito a incluirse en la discusión, pues los próximos meses retomaremos esta ley en el Congreso de Jalisco.

*Si quieres saber más y ayudar a esta iniciativa entra a: www.Ley3de3.mx

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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