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México

¿Por qué detuvieron a Murillo Karam?

Autoridades detuvieron al exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien estuviera a cargo en 2014 de la investigación del caso de 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y que ha sido calificado como un crimen de Estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que la policía ministerial concretó una orden de aprehensión en contra de Jesús «M».

Murillo estuvo a cargo de la fiscalía de 2012 a 2015, durante la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó la muy cuestionada primera pesquisa sobre el caso, que conmocionó al país y puso al descubierto el grado de colusión entre autoridades y el crimen organizado.

Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los alumnos de la escuela de la localidad Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero por órdenes de una banda criminal y que el exfuncionario sentenció como una «verdad histórica».

Dar con el paradero de los estudiantes fue una de las promesas de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien relanzó las indagatorias tras asumir el cargo en 2018. En el pasado, Murillo ha defendido sus conclusiones y se ha dicho abierto a ser investigado.

El jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que la fiscalía había iniciado procesos en contra de exfuncionarios vinculados al caso y que no hay evidencias de que los jóvenes estén con vida.

La detención de Murillo, conocido por sentenciar como «verdad histórica» las conclusiones de sus pesquisas, es la primera de un exfuncionario de alto perfil vinculado a las indagaciones sobre Ayotzinapa, en el estado Guerrero, y que se han convertido en uno de los casos más emblemáticos sobre el estado de la justicia en México.

Desde que ocurrió la desaparición, familiares de las víctimas y sus abogados han exigido la detención de funcionarios acusados de manipular evidencias y escenas del crimen, entre los cuales se incluye al jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, actualmente prófugo.

«Ahora la exigencia es que sea detenido Zerón, una pieza clave para castigar a los que ejecutaron la ‘verdad histórica'», dijo a Reuters Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes sobrevivientes. La detención de Murillo, afirmó, «es una señal de que la voluntad del presidente (Andrés Manuel López Obrador) a pesar de las dificultades», agregó.

¿De qué acusan a Jesús Murillo Karam?
De acuerdo a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, a Karam lo acusan de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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