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México

¿Por qué el gobierno de AMLO exoneró a Cienfuegos?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves de su desistimiento de emprender acciones legales contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, ya que no encontró pruebas de que éste se haya reunido con miembros del cártel del «H2», organización criminal con la que se le vinculó en Estados Unidos.

Aquí lo que dijo la dependencia sobre el exsecretario de Defensa.

Relación con el «H2»

En una tarjeta informativa, la FGR dictaminó que el secretario de Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto tampoco mantuvo comunicación alguna con el grupo liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el «H2», a través de algún otro medio investigado.

En tanto que, explicó, no se encontraron indicios de acciones de protección contra los presuntos criminales, ni existe rastro de que el ahora exfuncionario diera órdenes a sus súbditos en la Secretaría de Defensa (Sedena) en beneficio de dicho cártel.

Patrimonio de Cienfuegos 

En lo referente a la situación patrimonial de Salvador Cienfuegos, la dependencia a cargo del Alejandro Gertz Manero, concluyó que no hay «síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal» ni en discordancia con su sueldo al frente de la Sedena.

«Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda», sentenció.

El resultado de las pesquitas de la FGR se da luego de más de 50 días de que el exgeneral de la Sedena regresara a México el 18 de noviembre tras ser detenido cinco semanas en Estados Unidos acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero.

La detención de Cienfuegos en dicho país, derivado de investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América (DEA), causó molestias en el gobierno mexicano, ya que de acuerdo a éste, no se informó con antelación sobre la operación de la dependencia estadounidense.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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