Las autoridades de Salud federal han reportado hasta el 15 de marzo la realización de 555 pruebas en el sector público para diagnosticar COVID-19 en México, de las cuales 482 resultaron negativas y 53 casos confirmados con la enfermedad (todos ellos importados, es decir, de gente que se contagió en el extranjero y luego llegó al país).
En total, desde enero, el país contó con material para realizar 9,100 pruebas de diagnóstico: 1,500 fueron asignadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y el resto distribuidas en laboratorios de los 32 estados, institutos nacionales de salud y hospitales de especialidad, además del Issste y el Seguro Social, según explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia mañanera del 13 de marzo.
Las 555 pruebas realizadas hasta ahora, respecto al total de 9,100, representan el 6% del total. Si se suman las 176 pruebas que se realizarían a los casos sospechosos reportados, en total se habrían realizado 731 pruebas, por lo que la cifra aumentaría a 8%.
El mismo López-Gatell, en la conferencia del domingo pasado para informar sobre la situación del país ante el coronavirus, respondió a Animal Político por qué no se han realizado más pruebas, como se ha cuestionado en redes sociales y en otros medios de comunicación.
“Hay una expectativa pública, que me parece que en cierta manera ha sido alimentada, no creo que sea tan espontánea, de comparar la cantidad de pruebas que se han hecho en otros países, y tratar de relacionarlas con la eficacia, con la efectividad de las intervenciones. Esto carece de sentido técnico y científico”, mencionó López-Gatell.
“La vigilancia epidemiológica tiene muchas modalidades. La vigilancia epidemiológica es el acto de reconocimiento de una enfermedad en la población, y existen modelos más eficientes que el modelo de vigilancia generalizada”, dijo López-Gatell, destacando que no es necesario hacerle la prueba a todos.
“Lo que se ha privilegiado desde hace muchos años, desde 2005, en que la OMS junto con los centros de controles de enfermedades de Estados Unidos inventaron o propusieron el modelo Centinela de vigilancia de influenza, son precisamente estos monitoreos, basados en estaciones de monitoreo”, y de vigilancia selectiva, agregó.
El modelo aplicado hasta ahora, insistió, por el tipo de contagio que se tiene actualmente, de casos importados, permite tener un reconocimiento territorial bastante claro de la ocurrencia de la epidemia.
Para enfrentar la emergencia por el coronavirus, Corea del Sur adoptó una estrategia muy agresiva de búsqueda de posibles casos. De acuerdo con AFP, ese país llegó a realizar unas 10,000 pruebas diarias, para reducir de forma significativa el ritmo de contagio. Hasta el 12 de marzo, según la misma agencia, Corea del Sur había realizado 220 mil pruebas, con 500 clínicas habilitadas para practicarlas.
El viernes pasado, López-Gatell aceptó que todavía había “una reserva importante de pruebas” en las instancias públicas donde fueron distribuidas en México, y además habrá nuevas compras, “que llegarán oportunamente para seguir haciendo tantas pruebas como sea necesario de acuerdo a la fase epidémica de la enfermedad”.
En sus conferencias, López-Gatell y otros especialistas de la Secretaría de Salud han explicado que vendrá un siguiente etapa de propagación más severa de la enfermedad, en la que habrá propagación comunitaria o casos no importados, y los contagios pasarán de ser decenas a contarse por cientos.
Además del sector público, las autoridades federales de Salud informaron este 15 de marzo que ya están validados 16 laboratorios privados y 3 hospitales privados, para realizar la prueba de detección de COVID-19.
Al pedir que no haya un encarecimiento exacerbado de las pruebas en el sector privado, López-Gatell dio como referente que el costo nominal de producción de cada prueba es de entre 2 mil y 2,300 pesos.
Con información de Nayeli Roldán
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Fuente: Animal Político
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