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¿Por qué se formó el socavón de Puebla? Esto dice Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó al gobierno del estado de Puebla su opinión técnica sobre las condiciones geohidrológicas en la zona del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla, descartando que haya evidencia de que la causa de la falla haya sido la sobreexplotación del acuífero. La información disponible indica que la causa posible es un proceso natural de disolución de rocas calcáreas.

La citada opinión técnica sobre el agujero en la comunidad de Zacatepec, que mantiene un diámetro de 123 por 126 metros y una profundidad de 45 metros, fue elaborada por la Dirección General del Organismo de Cuenca Balsas, con el apoyo de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica.

En el informe se destaca que “existen elementos que sugieren el proceso de formación de cavernas o dolinas, el cual obedece a un proceso natural de disolución de las rocas calcáreas, las cuales eventualmente pueden colapsarse u obstruirse en forma natural y abrirse posteriormente”.

Asimismo detalla que en la zona del socavón, el agua subterránea tiene mayor temperatura que en el resto del acuífero, lo que sugiere el ascenso de las aguas profundas hacia el acuífero superior.

Añade que “de acuerdo con la verificación realizada en fechas recientes de los niveles piezométricos del acuífero en la zona del socavón, los niveles estáticos se mantienen estables, similares e inclusive en algunos casos por arriba a los reportados en estudios anteriores”, lo cual indica que no existe evidencia de abatimiento del acuífero; es decir, no existen elementos para establecer una relación causal del fenómeno de hundimiento a partir del proceso de variación de niveles del acuífero.

Con ello se concluye que el acuífero no se encuentra en condición de sobre explotación y mucho menos que ésta pueda ser la causa del accidente geológico del socavón, según el organismo.

Afirma que por tanto las causas deben enfocarse principalmente en el análisis geológico y tectónico más profundo de la zona.

Por su parte, el gobierno del Estado aún no ha emitido ningún comentario al respecto.

La autoridad de la entidad sólo se ha expresado en torno a que las condiciones del socavón no han variado y se mantienen los estudios correspondientes.

Asimismo el gobernador Luis Miguel Barbosa, informó que ya se expidieron los cheques para los afectados por la falla pero no han sido aceptados por los agraviados debido a una presión del comisariado ejidal de la zona.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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