Opinión

¿Por qué votar? Por Itali Heide

Itali Heide

Una y otra vez, a los mexicanos se les ha repetido la frase <esta es la votación más importante de México>, ¿por qué? El país vivirá las elecciones más grandes e históricas de su existencia este 6 de junio, con más de 20 mil cargos a elegir en las 32 entidades de México. No sólo son muchos cargos disponibles, sino muchas personas con posibilidad de alzar su voz: 95 millones de mexicanos están registrados para ejercer su derecho a votar, demostrando que esto podría ser un punto de inflexión para el país y definir el camino por el que llevará a su pueblo.

Aunque hay más gente que nunca que puede ejercer su derecho a votar, todavía hay muchos que se preguntan: <¿por qué?> Quizás creen que un solo voto no marcará la diferencia, tal vez no confíen en su autenticidad, o simplemente no les importa lo suficiente como para salir a votar. El último es demasiado común, sobre todo en quienes sienten que sus vidas no se verán afectadas por los resultados.

Sin embargo, esta elección no es como otras. La cantidad de funcionarios que se van a elegir es asombrosa, y ahora es más importante que nunca estar informado y votar en consecuencia. Esta vez, sea cual sea el resultado, el cambio se dejará sentir en el país. Los ciudadanos deben aceptar no sólo el derecho a votar, sino también el deber de hacerlo conscientemente para hacer del país un mejor lugar. Todas y cada una de las voces importan, y para mantener la democracia es vital que se tome la elección en serio.

Cuando más personas votan, la elección gira alrededor de una mejor representación de los ciudadanos del país. La representación es, posiblemente, el aspecto más importante de las elecciones, porque ofrece una mirada real a la gente del país, con la posibilidad de entender mejor las necesidades y los deseos de las distintas comunidades que habitan en México. Simple y sencillamente: entre más personas voten, más representación habrá. Entre más representación exista, más acertadas los cambios implementados para alcanzar las necesidades de todos, como individuos y como sociedad.

Es increíblemente importante saber que estas elecciones determinarán la calidad de vida de muchas personas: la educación y la salud pública, la infraestructura, la economía y todas las otras cuestiones de importancia se verán moldeadas por las voces que salgan a votar este 6 de junio. Los políticos escuchan dos cosas: el dinero y los votos. En un país donde el dinero es un bien poco accesible para la gran mayoría, la única opción para cambiar el rumbo del país es a través del voto, la voz en papel que habla por cada quien y por todos.

En todo el país, muchas personas ruegan que la gente vote por la salida de Morena, por temor a que el país vaya por un camino populista ya trazado. Si esto es o no lo correcto es un tema difícil, especialmente cuando las otras opciones viables son partidos políticos que han devastado al país con corrupción y pensamientos antiderechos. Nadie puede decirle a un votante cómo debe votar, pero si hay un mensaje que debe transmitirse a todo el mundo es que VOTEN, independientemente de por quién voten.

Entonces, ¿por qué es importante votar? Porque la democracia no funciona sin los votantes, y es una pena desperdiciar una voz por no usarla. Votar representa algo más que la simple elección de un candidato, es elegir las políticas correctas y las personas que tienen los mejores intereses en mente al tomar decisiones que afectarán a las comunidades, el estado y el país. Votar es la forma más simple de hacer oír la voz de los mexicanos en los asuntos que le conciernen. Para ser una democracia verdaderamente representativa, México debe esforzarse por lograr un voto plenamente inclusivo. Si se logra este objetivo, los órganos electos reflejarán mejor toda la diversidad del país, incluyendo los puntos de vista de millones de mexicanos que actualmente no tienen una voz igual en la democracia, cosa que cada uno merece y posee el derecho a tener.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.