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Por vencimiento de saldo, Telcel, AT&T y Movistar están «robando» a usuarios según el PRI

Mientras quienes tienen acceso en México a telefonía celular cada vez son más, y la modalidad de prepago avanza casillas por la introducción de atractivos paquetes de datos móviles, operadores de telefonía han estado «abusando» de sus usuarios, de acuerdo a una nueva iniciativa presentada en Cámara de Diputados que pretende reconfigurar el sistema de recargas para que todas tengan una vigencia de un año.

La diputada del PRI, María Luisa Noroña, explica en su iniciativa que la propuesta se basa en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ya establece que el saldo tiene una expiración de 1 año. A la letra la ley dice:

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha; Portabilidad no consentida: el fraude de millones de pesos en México que no hacen Telcel, AT&T y Movistar, pero sí lo financian.

El asunto es que operadores establecen simultáneamente vigencia para cada recarga, de forma que si un usuario quiere recuperar sus beneficios no utilizados durante el periodo de vigencia, debe hacer una nueva recarga para restituir los beneficios. «Mañosamente estas mismas compañías establecen paralelamente una vigencia de ese saldo; y es ahí en donde está el abuso» sentencia la diputada Noroña.

En los siguientes párrafos la redacción es más severa: «se da este robo en contra de los usuarios de telefonía celular en nuestro país, en contra de la economía familiar, en contra de la necesidad de la población mexicana de mantenerse comunicado».

En México hay cerca de 120 millones de líneas de teléfono celular, de las cuales 98 millones están en prepago
Saldo no consumido no sería sujeto a ningún plazo de vigencia.

La gran mayoría de personas en prepago hacen recargas que están por debajo de los 100 pesos de acuerdo a la iniciativa que cita cifras de The CIU. Ahí se menciona que del total de líneas de prepago, en un 84% de ellas se hacen recargas menores de 100 pesos, mientras que un 5% de usuarios en esta modalidad hacen recargas de 100 a 150 y solo un 2% hace recargas de más de 200 pesos.

Según The CIU, el prepago representa un 35,5% de ingresos de la telefonía móvil en México, es decir, cerca de 26,055 millones de pesos.

La solución de la diputada Noroña pasa por reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el párrafo citado anteriormente quede de la siguiente de manera:

Son derechos de los usuarios:

I. …. a XV. ….

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo recargado o el no consumido no sea sujeto a ningún plazo de vigencia, expiración, utilidad, aprovechamiento, reactivación, validez o caducidad, ni a condicionamiento alguno para su disponibilidad, disposición y utilización; y a que, el saldo no consumido, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha;

La iniciativa será presentada este 3 de marzo de 2020. Debe pasar por comisiones para su respectiva discusión, en donde el documento puede modificarse antes de volver a entrar al Pleno ya en forma de dictamen.

Fuente: Xataka

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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