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Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

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Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

México

Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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