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Chihuahua

Positivos, primeros amparos vs revalidación vehicular

Los juzgados de Distrito con sede en Ciudad Juárez y en la capital del estado dictaminaron la inconstitucionalidad del cobro de revalidación vehicular que hace el gobierno estatal, indicó el diputado local Rogelio Loya Luna.

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Los juzgados de Distrito con sede en Ciudad Juárez y en la capital del estado dictaminaron la inconstitucionalidad del cobro de revalidación vehicular que hace el gobierno estatal, indicó el diputado local Rogelio Loya Luna.

 

Esto, luego de que el Partido Acción Nacional ayudó en el trámite del amparo a cientos de ciudadanos, y a la vez anunció que seguirán apoyando a los chihuahuenses para que realicen este trámite.

 

«Como ustedes recordaran el GPPAN, voto en contra la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del 2015, no solamente por haberse aprobado sin un análisis minucioso y con la seriedad que amerita un documento de esta naturaleza, sino también porque se contemplaron diversos cobros para los contribuyentes que consideramos excesivos e injustos, como por ejemplo el pago por concepto de control vehicular, conocido como revalidación vehicular», indicó Loya.

 

El diputado de Acción Nacional señaló que estos amparos se hicieron «con la finalidad de resarcir el daño patrimonial y demostrarle  a la autoridad que  en estos tiempos la sociedad no se calla ante algún atropello y actúa de manera participativa y en conjunto para defender sus derechos constitucionales».

 

«En Ciudad Juárez, el mes pasado salieron las primeras resoluciones donde los juzgados de Distrito, protegen y amparan a los contribuyentes, lo mismo sucedió recientemente en los juzgados con residencia en esta ciudad, ambos juzgados, en términos generales, determinan la inconstitucionalidad de la norma impugnada, en otras palabras, los jueces federales estimaron injusto el cobro que actualmente está realizando el Gobierno del Estado, en un padrón contemplado de más de un millón 400 mil vehículos», dijo.

 

Rogelio Loya reconoció que este asunto todavía no termina, «sabemos que las autoridades responsables promovieron un recurso de revisión, para que sea analizada la resolución del Juez de distrito».

 

«Sin duda, este precedente que estamos convencidos que el Tribunal Colegiado confirmará la resolución impugnada, vendrá no solo a hacerle justicia a quienes se ampararon, sino también que tendrá que verse reflejada en la reducción que tendrá necesariamente el Gobierno del Estado, que hacer el próximo año al momento de contemplarlo en la Ley de Ingresos del año 2016», concluyó.

Chihuahua

Gobierno de Chihuahua atiende a familias desplazadas de Guadalupe y Calvo

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El Gobierno del Estado de Chihuahua brindó atención integral a cerca de 200 personas desplazadas de la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Las familias recibieron apoyo en la colonia Sierra Azul de la ciudad de Chihuahua y en el centro comunitario DIF Paseos de la Almanceña en Parral, con el objetivo de garantizar su bienestar y acceso a servicios básicos.

La gobernadora Maru Campos indicó que desde el primer momento la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la Violencia acompañó a las personas afectadas, mientras continúan labores de alimentación, vivienda y seguridad. Señaló que la situación deriva del combate al crimen organizado en Guadalupe y Calvo y que se trabaja con autoridades locales para instalar el subcentro Centinela, que permitirá una mayor protección en la región.

Como parte del apoyo humanitario se entregaron kits de limpieza, cobijas, colchonetas y alimentos. Además, la Secretaría de Salud realizó evaluaciones médicas integrales para identificar necesidades prioritarias y brindar atención preventiva u oportuna.

La estrategia interinstitucional busca ofrecer una respuesta inmediata y coordinada, priorizando el respeto a los derechos y la dignidad de las familias desplazadas. Se otorgó asesoría integral para garantizar el ejercicio de sus derechos y promover su reconocimiento como pueblos originarios, así como fortalecer su acceso a información y servicios institucionales.

Paralelamente, se mantiene un operativo de seguridad con más de 150 elementos desplegados en la comunidad, combinando patrullaje terrestre y aéreo, para atender cualquier incidencia delictiva y proteger a la población desplazada.

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