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Premian en Argentina al rey de España por promover la paz

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El rey Felipe VI fue distinguido este martes en Buenos Aires por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) por su apoyo a la ley que otorga la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV y por su compromiso ante el desafío independentista en Cataluña.

En una audiencia privada en Buenos Aires, Adrián Werhtein, presidente del CJL -organización internacional que representa a comunidades y organizaciones judías de la región- entregó al jefe de Estado español el Premio Shalom, con el que se reconoce a los «constructores de la paz entre los pueblos».

En este caso, se otorga al rey Felipe, según explicó en el acto el presidente del CJL, Adrián Werthein, por su trabajo en reconocimiento a la ley que comenzó a regir en 2015 que restituye la ciudadanía española a los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 por los Reyes Católicos.
Werthein, que destacó que «España es parte de la historia judía y el pueblo judío es parte de la historia española», remarcó que esta legislación representa una reparación para «innumerables judíos alrededor del mundo», y es, ante todo, «un ejemplo del compromiso de España para con la justicia y la paz».

El encuentro, al que también asistió la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, entre otras autoridades argentinas y de la comunidad judía, se celebró en el mismo céntrico hotel en el que se alojan los reyes Felipe y Letizia durante la visita oficial que realizan a Argentina.

El presidente del CJL dijo que el premio busca además reconocer la posición del rey respecto al desafío independentista de Cataluña, principalmente por el mensaje que ofreció a la nación española el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal sobre la independencia convocado en la comunidad autónoma catalana.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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