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México

Presenta Coparmex plan alterno al acuerdo federal

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) presentó este martes propuestas para mejorar la economía familiar y del país, un día después de rechazar firmar un pacto promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Coparmex dijo el lunes que el acuerdo del presidente es insuficiente y señaló que se requiere uno que «no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública».
El gremio dividió sus propuestas en 3 temas.
El primero es el impulsar la economía familiar y creación de empleo:
1. Eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado Coneval. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados ‘servicios a grupos con necesidades especiales’.
2. Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.
3. Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar en 2018.
4. Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer la economía familiar.
5. Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social y vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores.
6. Crear de la mano con la Comisión Federal de Competencia Económica un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
7. Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de Coneval, con datos comparables a 2014, y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.
La Confederación dijo que sus propuestas son concretas, y que establecen ideas específicas con impacto real en la economía, particularmente la familiar.
«Debatibles, mejorables, que pueden ser complementadas, sin duda», señaló.
El segundo apartado de la propuesta del gremio es busca mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica. El acuerdo, según Coparmex, debe tener aspectos como:
– El establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14% anual.
– Implementar verdaderos recortes de presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.
– Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes de IEPS y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.
– Establecer métricas concretas de compromisos de reducción anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.
– Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento, importamos el 60% de las gasolinas.
-Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta sobre dignificación del transporte público.
El tercer objetivo de la propuesta de la Confederación es promover el Estado de Derecho y el combate a la corrupción. Debe tener aspectos como:
– Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se incrementaron en 21.5% el año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito.
– Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según algunas fuentes, se ha cuadruplicado en años recientes.
– Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.
– Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal. La Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según evaluaciones de Coneval
– Esclarecer el caso de los 9 mil millones de pesos “perdidos”, que se invirtieron en la creación de una refinería en Atitalaquia, Hidalgo.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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