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México

Presenta ISSSTE su plan de austeridad

Como parte del plan de acción de medidas de austeridad que ejecutará el ISSSTE ante la coyuntura económica del país, el Director General del Instituto, José Reyes Baeza Terrazas, anunció que se espera lograr economías de alrededor de los mil 500 millones de pesos al término del ejercicio fiscal 2017.
Los rubros que abarcarán dichas acciones son: servicios personales, eficiencia administrativa, ahorro energético y de impacto ambiental, implementación de nuevas tecnologías en administración de medicamentos y servicios, estableciendo medidas de contención del gasto de operación de la administración del Instituto que generen economías, sin que se afecte la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios y la ejecución de los programas que se otorga a los 13 millones de derechohabientes.
Asimismo, el Director General detalló que el gasto pensionario está garantizado y apuntó que su evolución desde 2013 a 2016 significó un incremento de 50,080.6 millones de pesos. En 2017 se espera un crecimiento de 18,061.5 millones de pesos al cierre del ejercicio, lo que significará un presupuesto estimado de 190,000 millones de pesos.
Reyes Baeza destacó que el gasto real del Instituto, del 2016 fue igual al ejercicio de 2013, cubriendo el pago de 6,497 plazas adicionales en las ramas médica, paramédica y de atención a los derechohabientes; además de abarcó 34 obras nuevas y 195 acciones de ampliación y remodelación de la infraestructura del Instituto, lo que refleja un manejo responsable de los recursos asignados.
El titular de la dependencia detalló que entre los puntos en donde el impacto de ahorro se reflejará de manera importante se encuentran las compras consolidadas de medicamentos y materiales de curación (731 millones de pesos), seguida en la reducción de los gastos de operación y compras en las delegaciones estatales y regionales (250 millones de pesos); en la consolidación del Sistema de Unidosis para maximizar el aprovechamiento de medicamentos a través de nuevas tecnologías (200 millones de pesos), a través de nuevos mecanismos para la administración de imágenes radiológicas, así como en servicios de oftalmología y desinfección de áreas hospitalarias (200 millones de pesos).
En materia de servicios personales habrá una reducción del 10 por ciento en las percepciones de los mandos superiores; así como la disminución de 12 por ciento en plazas eventuales administrativas y del 10 por ciento en honorarios no vinculados a servicios médicos”, sin afectar el otorgamiento de las 21 prestaciones.
En eficiencia administrativa habrá un decremento en las unidades vehiculares destinadas a actividades administrativas y se priorizarán las destinadas a brindar servicios médicos, con el consecuente ahorro de combustible y mantenimiento; además se implementará un programa de optimización de espacios que genere economías en el gasto de arrendamiento de inmuebles, además se privilegiarán automóviles de menos cilindros para ahorro de combustible.
Asimismo se reducirán los viáticos nacionales, dando preferencia a las comunicaciones a través de medios electrónicos y videoconferencias; así como limitar los viáticos al extranjero, salvo en los casos en que estén debidamente justificados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
También se promoverá el uso tecnológico de tableros de control para optimizar los recursos a partir de información puntual sobre productividad y eficiencia operativa; y el fomento del desarrollo de aplicaciones, comunicaciones y seguridad informática para evitar gastos de transportación innecesarios.
En eficiencia energética e impacto ambiental se privilegiará el uso de nuevas tecnologías para el ahorro en el consumo de energía eléctrica y concientizar al personal de mantener las luces y equipos de cómputo apagados cuando no se requieran; y, finalmente medidas para optimizar el confinamiento y recolección de desechos; políticas de racionalización del uso de agua y papel.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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