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Chihuahua

Presenta Observatorio Ciudadano Reporte de Defensoría Pública de Chihuahua

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. presentó en días pasados el Reporte: “Defensoría Penal Pública en Chihuahua”, documento que describe el funcionamiento, organización y estructura del sistema de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Hacer un análisis comparativo con el sistema Federal y el resto de Latinoamérica con el fin de arrojar un diagnóstico del sistema actual y hacer las sugerencias pertinentes para el mejoramiento del servicio.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. presentó en días pasados el Reporte: “Defensoría Penal Pública en Chihuahua”, documento que describe el funcionamiento, organización y estructura del sistema de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Hacer un análisis comparativo con el sistema Federal y el resto de Latinoamérica con el fin de arrojar un diagnóstico del sistema actual y hacer las sugerencias pertinentes para el mejoramiento del servicio.

A la presentación, que  se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, acudieron académicos, estudiantes, abogados litigantes, representantes de diversas organizaciones civiles, quienes conocieron algunos de los objetivos  del Reporte, entre los que destacan:

1. Diagnosticar la problemática operativa de la defensoría pública.

2. Detectar tendencias legislativas y reglamentarias a nivel federal.

3. Identificar el marco teórico (principios relacionados con la defensa pública).

4. Comparación de instrumentos internacionales, legislación nacional y local.

El Evento fue presidido por el Magistrado de la Sala Unitaria para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Dr. Rogelio Guzmán Holguín; Juan Humberto García Javalera, Director del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C.; Jesús Rodríguez Gándara, Fiscal de Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado; Enrique Carrete Solís, Director de la Facultad de Derecho y Yanko Durán Prieto, Directora del Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

En su intervención el Mtro. Enrique Carrete, destacó los beneficios de las nuevas características de la Defensoría en Chihuahua y enfatizó en la importancia de que la población conozca el servicio que ofrece la institución  para la protección de sus derechos, y la aportación del Observatorio como una institución de la sociedad civil enfocada al análisis y propuestas de políticas públicas.

Por su parte Juan H. García destacó los aspectos fundamentales del reporte presentado e indicó que este documento evidenció diversas modificaciones orgánicas que ha tenido el servicio de Defensoría Pública en distintos puntos del país, para mejorar las condiciones en que se brinda. Precisó que algunos estados de la República como Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro y Zacatecas han adoptado una estructura novedosa que se aparta de los modelos convencionales vistos en México (dependencia de las defensorías al Poder Ejecutivo oJudicial).

Chihuahua

Exigen diputados investigar el “huachicoleo” de agua en el río Conchos; acusan impunidad y omisión oficial

La extracción ilegal de agua en el municipio de San Francisco de Conchos llegó al Congreso del Estado. La 68 Legislatura de Chihuahua aprobó este lunes una proposición para solicitar a diversas autoridades federales y estatales que investiguen y sancionen el desvío no autorizado del recurso hídrico en el río Conchos, una práctica que, según denuncias ciudadanas y reportes de medios locales, se ha vuelto sistemática y organizada.

La propuesta fue presentada por el diputado Arturo Zubía Fernández, quien expuso que en comunidades del municipio se han detectado bombas instaladas directamente en la corriente del río, operadas sin permisos legales y al servicio de grandes productores agrícolas. Esta práctica, denunció, está dejando sin agua a familias enteras y ha afectado incluso a escuelas primarias, cuyos estudiantes deben llevar agua desde casa para realizar tareas básicas como la limpieza de baños.

El Congreso también aprobó una moción del diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo para incluir en la investigación a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y a la Fiscalía General del Estado, además de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estas extracciones ilegales no solo violan la legislación en materia de aguas nacionales, sino que además privan a las comunidades de un recurso esencial para su subsistencia”, denunció Zubía desde tribuna.

El legislador advirtió que el problema trasciende la ilegalidad: representa una amenaza directa para la sustentabilidad ambiental y genera tensiones sociales que ponen en riesgo la paz y la seguridad en la región. En su exposición, señaló que el desvío del agua no es un fenómeno espontáneo, sino que responde a una lógica de organización, impunidad y, en muchos casos, complicidad por omisión de las autoridades.

“El problema del huachicoleo de agua en Chihuahua refleja un patrón nacional que demanda atención urgente y acciones coordinadas del Estado mexicano. No se trata únicamente de un conflicto por recursos naturales, sino de una crisis de gobernanza, de legalidad y de justicia social”, sostuvo el diputado.

Ante esta situación, los legisladores locales urgieron a las autoridades competentes a actuar de inmediato para investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones previstas en la ley. Además, exigieron la implementación de mecanismos de vigilancia y control más efectivos para evitar nuevas extracciones clandestinas y garantizar el acceso equitativo al agua para todas las comunidades.

La propuesta fue aprobada por mayoría y turnada a las instancias correspondientes. Mientras tanto, las familias afectadas en San Francisco de Conchos siguen esperando agua potable y justicia.

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