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Presenta PAN denuncias contra Alejandro Domínguez por violaciones al proceso electoral

La Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN Chihuahua, Paloma Aguirre Serna, y el Vocero de Comunicación, Arturo García Portillo, dieron a conocer las denuncias que se presentaron en contra del PRI y su aspirante a la alcaldía de Chihuahua, el Diputado Alejandro Domínguez y declaraciones falsas sobre seguridad que hizo el mismo legislador.

La primera denuncia se presentó ente el Instituto Nacional Electoral a fin de denunciar por uso de recursos públicos cuando diversos funcionarios, entre ellos Alejandro Domínguez, asistieron a eventos partidistas y proselitistas de precampaña y campaña en día y horas hábiles; ya que los servidores públicos acudieron a evento del aspirante presidencial José Antonio Meade el día jueves 8 de febrero pasado.

De igual manera también se presentó una denuncia por violación a la normatividad electoral vigente en el Estado de Chihuahua en contra del diputado Domínguez, quien en tal carácter emitió posicionamientos de tipo político – electoral con el ánimo de influir en la preferencia de los electores, según consta en la denuncia, en la que se exhiben todas las pruebas del caso.

Además, el Vocero del CDM PAN, informó que el día de hoy se llevará a cabo otra dos denuncias, una por el desplegado que publicó el PRI en contra del Candidato Presidencial Ricardo Anaya y otra más contra Alejandro Domínguez por distribuir publicidad a domicilio en el mes de febrero de su informe como diputado federal, el cual fue en el mes de octubre habiendo una clara violación a la ley. Informe además que consideró carente de contenido.

Y finalmente aprovechó para señalar que el diputado Domínguez ha estado haciendo declaraciones que consideró rotundamente falsas sobre asuntos de la policía municipal. Como ejemplo de ello señaló que Domínguez acusa que se han favorecido a policías y en cambio no se ha otorgado ningún grado en esta administración; que se despidieron policías de forma injusta cuando fueron casos en que se les dieron grados de un modo arbitrario sin cumplir los requisitos; y finalmente refutó la afirmación de que hoy solo hay mil policías cuando hay más de mil 450.

Todo esto no son sino botones de muestra de las muchas falsedades que ha estado diciendo y que evidentemente lo desacreditan en su aspiración política electoral.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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