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México

Presenta Senador reformas para optimizar costos y calidad de servicios en materia energética

Con el propósito específico de lograr mejores estándares normativos, de seguridad, de competencia, de eficiencia, de permanencia, de transparencia, de optimización de costos regulatorios y calidad en los servicios que recibe el consumidor, el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, presentó ante el pleno del Senado de la República una Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones en el sector de los petrolíferos.

La Iniciativa presentada por el senador morenista, propone una simplificación regulatoria de trámites en materia de petrolíferos a través de una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos; a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

La propuesta tiene su fundamento en el principio de simplificación regulatoria, el cual está establecido en el artículo 25 de la Constitución Política, y que hace referencia a la implementación de políticas públicas que mejoren y simplifiquen regulaciones, trámites, y servicios, y que compromete al Estado no sólo a alentar y proteger la actividad económica que realizan los particulares, sino también a proveer de las condiciones necesarias para que el desempeño del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable.

Explicó Pérez Cuéllar, que la Iniciativa busca flexibilizar requisitos y agilizar el otorgamiento de permisos y cesiones de derechos; incorporar un esquema de avisos administrativos; ampliar la figura de la afirmativa ficta para diferentes tipos de trámites en materia energética; y reducir plazos para todo tipo de trámites;
De la misma manera, pretende acotar márgenes de discrecionalidad en el otorgamiento de permisos; dejar sin efectos las Disposiciones Administrativas de Carácter General, como el Sistema de Registro Estadístico de las Transacciones Comerciales de Gas Licuado de Petróleo (SIRETRAC GLP); modificar el esquema de informes calendarizados a la autoridad que resultan innecesarios; ampliar los medios de defensa de los particulares en el ámbito administrativo, y armonizar las sanciones que actualmente no son consistentes con la naturaleza de la conducta sancionable, toda vez que su diseño fue concebido sin considerar adecuadamente las características y dimensiones reales de cada actividad regulada.

Detalló el legislador chihuahuense, que de aprobarse la reforma, los avances esperados para el sector de los petrolíferos van en beneficio del consumidor final reduciendo los costos regulatorios excesivos que afectan el precio de venta al público, propiciando una mayor competencia, fomentando y facilitando la libre concurrencia al mercado, más seguridad al evitar desviar recursos humanos y materiales hacia el cumplimiento de regulaciones innecesarias, costosas e ineficientes, mejorando la calidad en los servicios que reciben los consumidores con costos regulatorios más competitivos.

Además, propicia una mayor competencia en el mercado de los petrolíferos, al flexibilizar los requisitos y plazos para el otorgamiento de permisos y de cesiones de derechos, los cuales constituyen barreras de entrada a nuevos agentes económicos al mercado, y obstaculizan la libre competencia; Fortalece a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) al disminuir la carga regulatoria a la que está sujeta por ser Permisionario de Transporte, Almacenamiento y Comercialización de petrolíferos, ya que la Iniciativa propone flexibilizar todo tipo de trámites, modificar el esquema de informes que actualmente resultan innecesarios, además de incorporar figuras como la afirmativa ficta y los avisos que reportan mucho mayor eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.

Concluyó, que con ello que se genera además, ahorros presupuestarios, al destinar menor cantidad de recursos humanos y materiales en la supervisión de excesos regulatorios ineficientes, y se canalizan mayores recursos al fortalecimiento de la seguridad industrial de las instalaciones de los Permisionarios, dado que hoy en el sector de los petrolíferos se distraen esos recursos para canalizarlos al cumplimiento de la excesiva y costosa regulación administrativa que no aporta beneficios al consumidor final ni a las actividades que regula.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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