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Chihuahua

Presentan 5to Informe trimestral de actividades de la Sindicatura

Esta mañana se llevó a cabo la presentación del Quinto Informe Trimestral de Actividades de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua en la que se expusieron los hallazgos de las revisiones realizadas a la administración municipal en el periodo correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2019.

Dentro de temas generales, Amin dio a conocer la convocatoria para integrar un nuevo Consejo Consultivo de la Sindicatura para cumplir con el Reglamento de Participación Ciudadana que fue aprobado el año pasado, cuya convocatoria se abrirá a partir del 17 de febrero. También reconoció el trabajo colaborativo que se realizó para el mecanismo de Presupuesto Participativo 2020 y lo comparó con los de otras ciudades, las cuales no contemplan que las personas puedan proponer desde cero proyectos para sus colonias como sí sucede en Chihuahua.

Señaló también el trabajo permanente con la Comisión Estatal de Síndicos, que en su última reunión trabajaron con personal del CPC (Comité de Participación Ciudadana) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
En el informe se presentó un análisis de la Cuenta Pública. En el corte de ingresos y egresos la Tesorería reportó más de 3,800 millones de pesos en ingresos, y 3,678 de egresos.

Comparando el Presupuesto de Egresos con la Cuenta Pública se puede observar que la administración invirtió 400 millones 700 mil pesos más de lo inicialmente planeado, es decir, un 12.23% más.
Precisó que las principales dependencias con más gastos excedentes son: la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería Municipal.

Por capítulo del gasto los 3 rubros más importantes fueron servicios personales (nómina), transferencias, subsidios y ayudas sociales y servicios generales. Amin enfatizó que en el contenido del informe la Sindicatura ejemplifica a través de un billete de 100 en qué rubros ha invertido el municipio en los últimos 5 años, destacando el aumento en servicios generales y la disminución en obra pública.

Amin también informó que las dependencias que más presupuesto ejercieron fueron Seguridad Pública y Mantenimiento Urbano.

Dentro del informe también se detalló el aumento del 15.25% del presupuesto 2019 al 2020 y cuáles fueron las dependencias que más incrementaron sus recursos, en las que destaca Planeación porque es ahí donde se reserva el monto para el Presupuesto Participativo.

Una de las revisiones que realizó la Sindicatura en este periodo fue a uno de los programas del Instituto Municipal de las Mujeres, señalando que es de vital importancia asegurar que los recursos para erradicar la violencia contra las mujeres sean ejecutados de manera rigurosa.

En esta revisión se hicieron 21 observaciones al programa “Modelo de intervención para Familias Generadoras de Violencia” a cargo del IMM y operado por Libres por Amor A.C. Y tras recibir y analizar la respuesta del Instituto, la Sindicatura informó que:

5 observaciones se solventaron, por un 6% del monto observado. Esto por devoluciones del recurso al Instituto y comprobación válida
11 observaciones se solventaron parcialmente, por un 71% del monto observado al Ayuntamiento
Y 5 observaciones no se solventaron por un 22% del monto observado al Ayuntamiento.
El monto que no se solventó es de $659,263.64. Puntualizó que parte de este monto se refiere a un monedero electrónico adquirido a una tienda departamental y parte importante se refiere a vales de gasolina sin valor comercial.

Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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