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Presidencia no localiza lista de empresarios que cenaron con AMLO y compraron cachitos

En respuesta a diversas solicitudes de información, la Presidencia de la República aseguró que no localizó la lista de empresarios que acudieron a la cena celebrada el pasado 12 de febrero en Palacio Nacional, cuando el Ejecutivo pidió aportaciones financieras voluntarias para la rifa del avión presidencial.

Durante la cena, los asistentes recibieron “cartas compromiso” en las que indicaron, con nombre y apellido, el monto de su aportación. Al siguiente día el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que 75 hombres de negocios se habían comprometido a entregar mil 500 millones de pesos.

Analistas y opositores políticos equipararon la distribución de esas cartas con la práctica del “pase de charola” en tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pasado 13 de febrero, Apro envió solicitudes de información a la Oficina de la Presidencia de la República, en las que pidió la lista de personas físicas y morales invitadas a la cena, así como la relación de asistentes y copias de las “cartas compromiso” entregadas al equipo de López Obrador.

En tres respuestas entregadas este jueves, la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República aseveró que después de una “búsqueda exhaustiva, amplia y razonable” en sus archivos, ninguna dependencia de Palacio Nacional localizó “evidencia documental que atienda los requerimientos del interesado”.

Durante la cena, en la que se sirvieron tamales de chipilín, López Obrador se sentó en el escenario donde cada mañana protagoniza sus conferencias de prensa, flanqueado por los multimillonarios María Asunción Aramburuzabala y Carlos Slim Helú, e integrantes de su gabinete.

Entre los empresarios que asistieron a Palacio Nacional destacan: Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa; Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Carlos Salazar Lomelí, presidente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Miguel Rincón Arredondo, empresario papelero y compadre de López Obrador.

La mañana siguiente a la cena, el presidente declaró en su conferencia mañanera: “Todos (los empresarios) expresaron su apoyo; sin que tomaran la palabra hubo una manifestación de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el avión presidencial”. Luego agradeció a los magnates del país “porque asistieron, tomaron en cuenta la invitación, no hubo desaire, los convocamos y participaron”.

Momentos después el mandatario confirmó que las “cartas compromiso” fueron distribuidas a los empresarios “porque teníamos que tener un registro, y esa hoja la llenaron quienes participaron, ellos le pusieron cuánto, firmaron y la depositaron en un ánfora (…) y se quedó de que Banobras y la Presidencia de la República van a cuidar esa información”.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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