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Presidencia pone señal de TV y logística para acto del PRI

El presidente Enrique Peña Nieto acudió el domingo a una actividad partidista, pero no lo hizo como cualquier militante, sino que llegó acompañado de toda la organización de Presidencia de la República para dotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de una señal de televisión para transmitir el acto en internet, además de proporcionó la logística y la seguridad.
En su página de internet, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece: “Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial…”.
Aristegui Noticias detectó tres unidades móviles del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie), una dependencia de la Secretaría de Gobernación que tiene el objetivo de “apoyar la difusión de las actividades públicas del Titular del Ejecutivo Federal (…) a través de su cobertura y de la puesta a disposición de los productos audiovisuales para las televisoras”, según su página web.
Sin embargo, el PRI fue el beneficiado de esta estructura, pues transmitió el evento en su portal, sin sellos de la Secretaría de Gobernación (Segob) o de la Presidencia de la República, pero con la imagen partidista en títulos.
Los trabajadores de la Segob montaron varias cámaras para cubrir todo el auditorio, incluyendo dos grúas.
Durante las pruebas de audio uno de los funcionarios dijo: “a ver si los de Cepro (por Cepropie) escuchan bien”. También durante las pruebas apareció el anuncio de “stand by” en pantallas gigantes con logos oficiales de la Presidencia, pero la imagen no se utilizó en la transmisión final del acto.
La Presidencia de la República no difundió en su página web, cuentas de Youtube, Facebook ni Twitter esta actividad partidista, pero el despliegue informativo sí se hizo en las plataformas del PRI.
Aristegui Noticias detectó fotógrafos con gafetes del Gobierno Federal, aunque estas imágenes tampoco aparecen en plataforma de dependencias públicas.
El Estado Mayor Presidencial tiene la obligación de proteger al Presidente de la República en todas sus actividades públicas y privadas.
Sin embargo, el aparato de seguridad del Consejo Político del PRI también contó con la participación de la Policía Federal para revisar a cada uno de los asistentes.
En total, para entrar al Consejo Político se instalaron cinco filtros de seguridad, incluyendo detectores de metales, cacheos y decenas de vallas.
Toda la logística de invitados y accesos estuvo controlada por los elementos vestidos de civil del EMP.
Al terminar el evento, los funcionarios federales poco a poco desmontaron la estructura usada para el evento partidista.
En países como Estados Unidos, los partidos políticos pagan si un funcionario público usa la estructura de seguridad o los aviones del Estado para un evento proselitista.
En su discurso, el Presidente Enrique Peña Nieto alentó a los priistas a trabajar para ganar las elecciones de 2017 y 2018.
En varias ocasiones dijo que el PRI es el mejor partido de México.
También afirmó que la fecha del 27 de noviembre es muy importante en su vida pública y privada, pues en una fecha así se casó con Angélica Rivera y se registró como precandidato a la Presidencia de la República.
Los discursos también versaron sobre la importancia de la unidad del partido y sus militantes… en este caso, se apreció una gran unidad entre el PRI y Presidencia de la República.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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