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Presidencia pone señal de TV y logística para acto del PRI

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El presidente Enrique Peña Nieto acudió el domingo a una actividad partidista, pero no lo hizo como cualquier militante, sino que llegó acompañado de toda la organización de Presidencia de la República para dotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de una señal de televisión para transmitir el acto en internet, además de proporcionó la logística y la seguridad.
En su página de internet, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece: “Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial…”.
Aristegui Noticias detectó tres unidades móviles del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie), una dependencia de la Secretaría de Gobernación que tiene el objetivo de “apoyar la difusión de las actividades públicas del Titular del Ejecutivo Federal (…) a través de su cobertura y de la puesta a disposición de los productos audiovisuales para las televisoras”, según su página web.
Sin embargo, el PRI fue el beneficiado de esta estructura, pues transmitió el evento en su portal, sin sellos de la Secretaría de Gobernación (Segob) o de la Presidencia de la República, pero con la imagen partidista en títulos.
Los trabajadores de la Segob montaron varias cámaras para cubrir todo el auditorio, incluyendo dos grúas.
Durante las pruebas de audio uno de los funcionarios dijo: “a ver si los de Cepro (por Cepropie) escuchan bien”. También durante las pruebas apareció el anuncio de “stand by” en pantallas gigantes con logos oficiales de la Presidencia, pero la imagen no se utilizó en la transmisión final del acto.
La Presidencia de la República no difundió en su página web, cuentas de Youtube, Facebook ni Twitter esta actividad partidista, pero el despliegue informativo sí se hizo en las plataformas del PRI.
Aristegui Noticias detectó fotógrafos con gafetes del Gobierno Federal, aunque estas imágenes tampoco aparecen en plataforma de dependencias públicas.
El Estado Mayor Presidencial tiene la obligación de proteger al Presidente de la República en todas sus actividades públicas y privadas.
Sin embargo, el aparato de seguridad del Consejo Político del PRI también contó con la participación de la Policía Federal para revisar a cada uno de los asistentes.
En total, para entrar al Consejo Político se instalaron cinco filtros de seguridad, incluyendo detectores de metales, cacheos y decenas de vallas.
Toda la logística de invitados y accesos estuvo controlada por los elementos vestidos de civil del EMP.
Al terminar el evento, los funcionarios federales poco a poco desmontaron la estructura usada para el evento partidista.
En países como Estados Unidos, los partidos políticos pagan si un funcionario público usa la estructura de seguridad o los aviones del Estado para un evento proselitista.
En su discurso, el Presidente Enrique Peña Nieto alentó a los priistas a trabajar para ganar las elecciones de 2017 y 2018.
En varias ocasiones dijo que el PRI es el mejor partido de México.
También afirmó que la fecha del 27 de noviembre es muy importante en su vida pública y privada, pues en una fecha así se casó con Angélica Rivera y se registró como precandidato a la Presidencia de la República.
Los discursos también versaron sobre la importancia de la unidad del partido y sus militantes… en este caso, se apreció una gran unidad entre el PRI y Presidencia de la República.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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