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Presidenciables estrenarán formato de debate el 22 de abril

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Los candidatos a la Presidencia de la República de la Margarita Zavala, candidata por la vía independiente; Ricardo Anaya, abanderado de la coalición “Por México al Frente” y Andrés Manuel López Obrador de la alianza “Juntos Haremos Historia” se encontrarán el próximo 22 de abril en un debate con un nuevo formato.

Tras una discusión de casi cuatro horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el acuerdo del formato específico y la designación de las personas que fungirán como moderadores del primer debate entre la candidata y los candidatos presidenciales, así como los mecanismos de participación ciudadana, reglas de moderación y producción e inclusión de lengua de señas mexicanas para el primero de los tres debates que habrán de llevarse a cabo.

Los moderadores serán los conductores y periodistas Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, quienes podrán hacer preguntas y pedir precisión sobre posturas de la candidata y los candidatos en los temas que se discutan.

En el documento de Acuerdo se precisa que los comunicadores que fungirán como moderadores tendrán una participación activa en la cual podrán interactuar con los aspirantes a la Silla Presidencial para requerir respuestas directas, preguntar de manera improvisada y solicitar explicaciones de algún punto en particular.

En el texto se detalla que la participación de los reporteros durante los segmentos donde la interacción sea entre los candidatos se limitará a llevar el control de los tiempos y exponer los temas. Sin embargo, en caso de ser necesario, harán preguntas directas a la y los candidatos en el supuesto de que se desvíen del tema o eludan responder a sus contrincantes en la contienda.

“El objetivo de la moderación activa en cada caso será elevar el nivel del debate y garantizar una discusión documentada, informada y, en la medida de sus posibilidades, centrar el intercambio de la y los candidatos en sus propuestas y el contraste de las mismas”, se lee en el documento aprobado.

Así, el primer debate de candidatos presidenciales estará integrado por cuatro bloques temáticos que tendrán una misma estructura, dividida en dos segmentos.

Durante el primer segmento de cada bloque, se llevará a cabo la interacción entre moderadores y candidatos a través de preguntas. En el segundo, será cuando haya discusión entre los aspirantes.

“El próximo domingo 22 de abril a las 08:00 de la noche los mexicanos verán por primera vez un debate que recoge su opinión a través de estudios, encuestas y sondeos que se entregarán a los moderadores como insumo para que preparen sus preguntas, cuestionamientos, que nadie sabrá con antelación”, señaló el consejero Benito Nacif.

Así, continuó, “las y los ciudadanos podrán ver cómo tres comunicadores profesionales con larga trayectoria, Denise Maerker, Sergio Sarmiento y Azucena Uresti, fungirán como moderadores del Primer Debate Presidencial e invitarán a los candidatos y candidatas a responder preguntas específicas sobre sus propuestas, a comparar y confrontar sus ideas. Los moderadores propuestos tendrán un rol activo, aunque sin estridencias ni protagonismos”.

Benito Nacif apuntó que la historia de los debates presidenciales en la política mexicana tiene ya 24 años, pero durante este periodo ha habido muy poca variación en los formatos.

“Todos recordamos los debates por sus largos monólogos, con episodios breves de contraste y confrontación, creemos que el debate debe ser entre candidatos, por supuesto, pero también que hay que apostar por moderadores que faciliten y promuevan activamente la discusión”, apuntó Nacif.

El esquema y dinámica del segundo y tercer debate se estudiarán, y eventualmente aprobarán, la próxima semana. El proyecto de Acuerdo propone los mecanismos de participación para los siguientes dos debates: el de Tijuana el 20 de mayo, contará con público participativo y Mérida el 12 de julio también habrá preguntas de los ciudadanos, pero esta vez a través de las redes sociales.

El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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