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México

Presumen López Obrador y Fayad baja de delitos en Hidalgo

El trabajo en conjunto entre los gobiernos federal y de Hidalgo, han hecho que la entidad sea de las más seguras en el país y que los índices de robo de combustible haya disminuido considerablemente, destacaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario local, Omar Fayad.

En conferencia, el presidente detalló que si bien el huachicoleo es el primer delito que se comete en dicha entidad, éste ha ido a la baja a partir de que el pasado 21 de diciembre el Gobierno federal implementó una estrategia de seguridad contra este ilícito.

De acuerdo con un informe de enero pasado de Petróleos Mexicanos, Hidalgo es el segundo estado con mayor número de tomas clandestinas de combustible en todo el país.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que en el estado se registra una disminución de este delito de más de 50 por ciento.

“Aquí en Hidalgo, el primer delito es el robo de combustible y de ahí se derivan otros; sin embargo, ya hemos logrado una disminución considerable de más del 50 por ciento. Se avanzó mucho en la entidad, que era de las que más robo de combustible tenían a nivel nacional”, aseguró.
Al respecto, Fayad Meneses informó que en lo que va de 2019 se han recuperado 227 mil 560 litros de combustible hurtado, cifra cercana a lo acumulado en 2015 y que ascendió a 304 mil 385 y a 331 mil 375, en 2016.

Destacó que en lo que va de su administración (del 5 de septiembre de 2016 al 7 de mayo de 2019) se han realizado 3 mil 246 intervenciones, se han detenido a 406 presuntos responsables por huachicoleo y se han recuperado 6 millones 69 mil 526.55 litros de combustible.

El gobernador local precisó que en delitos como homicidio, secuestro extorsión, narcomenudeo, robo a negocio y feminicidios, Hidalgo se encuentra por debajo de la media nacional y destacó que esto, en gran medida, se debe al trabajo coordinado con el Gobierno federal.

Cuando hay coordinación, compromiso, cuando no se echan la bolita sino juntos se ponen a trabajar en lo que más importa se logran los resultamos que estamos logrando en Hidalgo”, aseveró.

Ambos políticos reconocieron que a pesar de que las entidades que rodean a Hidalgo tienen un alto índice de delitos de alto impacto, ésta se mantiene como una de las más seguras del país.

“La estrategia es correcta: atender el problema de raíz; atender las necesidades de las comunidades, es multifactorial el asunto. La idea es que juntos le entremos a las 53 comunidades (relacionadas con el huachicol) para atender las demandas sociales”, comentó Fayad Meneses.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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