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México

El presunto asesino de Mara ¿podría salir libre?

Puebla.- Este martes, un juez de Puebla concedió una suspensión provisional a la orden de captura a Ricardo Alexis N, chofer de Cabify, implicado en el secuestro, violación y asesinato de Mara Fernanda, en la ciudad de Cholula, Puebla.
El pasado 8 de septiembre, la joven salió a divertirse con sus amigos a un bar. Cerca de las 5:03 horas del día viernes 08 de septiembre, Mara decidió irse sola a casa, por lo que solicitó un auto de alquiler a través de la aplicación de la compañía Cabify México, para trasladarse de forma seguro hasta su casa, en el fraccionamiento Torres de Mayorazgo de Puebla capital, pero nunca llegó. Fue hallada muerta una semana después.

Ricardo Alexis fue detenido luego de ser la última persona que viera a Mara con vida y acusado de su asesinato.
Tras la detención de Alexis, este martes un juez ordenó la suspensión provisional a la orden de captura del implicado. El presunto culpable del crimen tuvo que pagar una fianza de 7 mil pesos como parte del procedimiento. Al momento de que Alexis tramitó el juicio de amparo ya estaba detenido.
«Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, que se hace consistir en la orden de detención, atribuida a los Jueces señalados como responsables con sede en Cholula y Atlixco, Puebla», señaló el juez de amparo en una notificación.

El 12 de septiembre Alexis inició un juicio de amparo y fue hoy martes cuando el juez concedió una suspensión provisional a la orden de aprehensión.
Cabe señalar que esta suspensión no implica su libertad, pues su detención era un hecho consumado al momento en que se tramitó el juicio, aunque sí le garantiza quedar a disposición del juez de amparo hasta que se determine si se le concede o no la suspensión definitiva, citó El Financiero.

Hasta el momento, Ricardo Alexis ‘N’ es acusado por el delito de privación ilegal de la libertad. Será hasta el 21 de septiembre cuando se realice la próxima audiencia del juicio de amparo donde el juez determinará si concede o no la suspensión definitiva. Dependiendo de lo que estipule el juez, ahora sí, podría implicar la libertad de Alexis.

La noche del lunes, La Dirección General de Centros de Readaptación Social ordenó el cambio de penal a Ricardo Alexis ‘N’.

Fuente: El Debate

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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