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Presupuesto 2017 castiga la calidad y la mejora de escuelas

En al menos 19 de 23 programas educativos para la atención de niños y adolescentes, la mayoría vinculados a la reforma educativa, el gobierno federal propone recortes presupuestales a partir del año próximo. De no existir modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, la caída de recursos afectará principalmente los fondos destinados a mejorar las condiciones físicas y de equipamiento de las escuelas, así como para fortalecer su autonomía de gestión; la capacitación de docentes, el fortalecimiento de la calidad educativa y las acciones de inclusión y equidad en el sector.

De acuerdo con el PEF 2017, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Programa de la Reforma Educativa enfrentará una reducción de 5 mil 466.7 millones de pesos (71.8 por ciento) al pasar de 7 mil 607.7 a 2 mil 141 millones de pesos; mientras la capacitación de los maestros, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, pasará de 2 mil 645.8 a mil 654.1 millones de pesos.

Otro de los programas a los que la administración peñista considero más relevante, Escuelas de Tiempo Completo, también se verá afectado por una reducción de mil millones de pesos, pues se le asigna un presupuesto de 10 mil 61 millones de pesos para el año próximo, pese a que la meta al final de este sexenio es alcanzar las 40 mil escuelas de tiempo completo, que hasta la fecha suman poco más de 24 mil.

Pese a que la reforma educativa es considerada por el gobierno federal la transformación estructural más importante del sexenio, su proyecto presupuestal para 2017 castiga rubros prioritarios para su implementación, entre ellos el fortalecimiento de la calidad educativa, que pasa de 4 mil 726 a 2 mil 886 millones, es decir, una reducción de 40.9 por ciento, mientras el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa baja de 615 millones de pesos a 383.4 millones.

En cuanto a la producción y distribución de libros y materiales educativos hay una caída de 35 por ciento en los recursos, al pasar de 2 mil 349.9 millones de pesos a mil 557.3 millones. También se recortan los fondos para las evaluaciones de la calidad de la educación, pues de 282.6 millones de pesos pasa a 198.3 millones, es decir, 32.1 por ciento menos.

Entre los programas impulsados a partir de la implementación de la reforma educativa que se verán afectados por el recorte presupuestal, se incluye el Programa Nacional de Convivencia Escolar, destinado a prevenir acciones como el acoso escolar, al pasar de 350 millones de pesos a 260.5 millones.

En el PEF 2017 no se asignan recursos para al menos ocho programas del sector, entre ellos el de Inclusión Digital, que este año tuvo recursos por mil 642 millones de pesos, destinado a abatir la brecha digital y distribuir entre alumnos de quinto y sexto grado de primario tabletas electrónicas, tampoco se incluyen recursos para el fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil ni para proyectos de infraestructura social en el sector educativo, que este año tuvieron recursos por 500 y 682.6 millones, respectivamente.

Fuente: Zócalo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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