Connect with us

Opinión

PRI: la crónica del ocaso y del espejo. Por Caleb Ordóñez T.

Cuando una nación decide narrar la caída de uno de sus pilares políticos, inevitablemente se observa también en ese espejo roto. La docuserie “PRI: Crónica del Fin”, dirigida por la respetada periodista Denise Maerker y producida para ViX, no solo intenta explicar cómo se extinguió la llama del partido que gobernó México durante más de siete décadas; también revela las complicidades, los símbolos y las traiciones que marcaron la política mexicana del siglo XX y parte del XXI.

Lo curioso es que, en este recuento, aparece una paradoja evidente: Televisa, ese coloso que durante décadas fue el ejército comunicativo del PRI, hoy se asume como cronista de su debacle. La televisora que construyó presidentes, que convirtió a gobernadores en figuras nacionales y que borraba con un noticiero aquello que no convenía, ahora busca lapidar a su antiguo aliado. Esa ironía recorre cada capítulo: la misma maquinaria que antes servía de escudo, hoy se erige en verdugo mediático.

Pero la serie deja ver también los silencios. Uno de ellos es fundamental: el papel de los sindicatos. El PRI no se mantenía únicamente por la liturgia del dedazo presidencial o las estructuras estatales; se nutría del control sindical. La CTM, el SNTE, los sindicatos petroleros y ferrocarrileros, por mencionar algunos, fueron auténticas arterias por donde corría la sangre del partido. Obreros movilizados, cuotas aseguradas, votos garantizados. Esa parte del engranaje apenas se toca de manera superficial, y es ahí donde la docuserie queda corta: entender al PRI sin su músculo sindical es como explicar la maquinaria de un reloj ignorando sus engranes.

El desfile de entrevistados es amplio y, en ocasiones, deslumbrante. Carlos Salinas de Gortari aparece con su tono calculado, defendiendo su legado y soltando frases de autojustificación: “Se nos acusa de modernizar demasiado rápido”. Enrique Peña Nieto, en cambio, proyecta más nostalgia que análisis, casi resignado: “Quizá no supimos entender a la gente de este tiempo”. Cuauhtémoc Cárdenas ofrece sobriedad, recordando la fractura que dio origen al PRD: “No era posible seguir avalando un sistema tan cerrado”. Porfirio Muñoz Ledo destila lucidez y, fiel a su estilo, una ironía que roza la burla: “El PRI no se cayó, lo empujaron los suyos”. Elba Esther Gordillo habla como la operadora que siempre fue, dejando entrever que en realidad el poder no se pierde, se negocia.

Cada uno aporta piezas del rompecabezas, pero ninguno escapa del juicio del tiempo. Sin embargo, hay un personaje que sale particularmente mal librado: Alejandro “Alito” Moreno. La serie lo presenta como el símbolo de la decadencia, alguien que no solo administra los restos de un partido histórico, sino que parece decidido a adueñarse de sus cenizas. No es casualidad que se subraye, directa o indirectamente, que esas cenizas equivalen a millones de pesos en prerrogativas, bienes inmuebles y herencias políticas que todavía representan un botín codiciado.

Alito es exhibido como un dirigente sin vocación ideológica, pragmático hasta el cinismo. Su liderazgo, más que reconstruir, ha acelerado la implosión. La narrativa sugiere que su intención no es salvar al PRI, sino capitalizar lo que quede: apropiarse de las ruinas, vender la marca como franquicia y permanecer como su último caudillo. Es un retrato duro, casi despiadado, pero difícil de rebatir frente a la evidencia de las derrotas recientes y las divisiones internas.

La docuserie brilla al mostrar el ritual priísta en todo su esplendor: los saludos coreografiados, las ceremonias de Estado, los informes presidenciales con aplausos medidos, las “cargadas” que parecían festivales de lealtad. Pero también exhibe la arrogancia del poder, el desgaste inevitable de un partido que confundió eternidad con impunidad.

Al final, “PRI: Crónica del Fin” no es solo un relato de cómo se acabó un partido. Es también una radiografía de cómo se construyó un país, con sus luces y sus sombras. El PRI fue padre y verdugo de la democracia mexicana; engendró modernización y corrupción; promovió estabilidad y represión. Por eso su caída no se entiende sin asumir que sus métodos, sus ritos y sus vicios siguen vivos en otros partidos que heredaron la escuela.

Lo más incómodo es que, al cerrar la serie, uno no solo piensa en el PRI que se fue. Piensa también en el México que queda. Porque si algo deja claro este documental es que el fin del PRI no significa el fin de sus prácticas. Y que, mientras figuras como Alito Moreno insistan en convertir la política en un negocio personal, las cenizas seguirán ardiendo al calor de millones de pesos.

Sin duda, vale la pena ver la serie, una producción que le suma mucho al debate nacional.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto

Vale la pena esplorare un casino online come hyper lucky? Prima di registrarsi, conviene controllare licenze, bonus, limiti di deposito e qualità dell’assistenza.
Lohnt es sich, hyperlucky erfahrungen zu lesen? So erhält man einen schnellen Überblick über Spielauswahl, Bonusangebote und Zahlungsabwicklung.
Wer netflix casino app prüft, sollte auf gültige Lizenzen, starke Spielerschutzregeln und einen erreichbaren 24/7-Kundenservice achten, damit Unterhaltung sicher und transparent bleibt.