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Primera dama de Zacatecas llama sicarios a estudiantes

Cristina Rodríguez Pacheco, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Zacatecas, ofreció una disculpa al grupo de alumnos de la Telesecundaria “Suave Patria” a los que llamó “sicarios”, durante la Feria DIFerente, en el municipio de Tabasco.
“La verdad, aprecio enormemente el esfuerzo que hicieron estos chicos, pero me hubiera gustado muchísimo más verlos vestidos con una ropa mexicana, vestidos como ingenieros, porque yo vi el rostro de todas las mujeres que estaban aquí y de muchos hombres y vi una tristeza y una enorme preocupación porque los chicos más parecían unos sicarios que personas que pudieran ser un ejemplo para los demás”, dijo Cristina Rodríguez, esposa del gobernador de Zacatecas al término de la presentación.
Los jóvenes prepararon la coreografía de Mihran Kirakosiana la canción #thatPOWER, del cantante y compositor will.i.am, y utilizaron vestimenta tipo militar, botas y lentes oscuros.
Tres días después, la presidenta honoraria del sistema DIF se disculpó con los estudiantes y sus familiares, además, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales, entre ellas fotos de hombres armados e imágenes modificadas digitalmente de la camioneta en la que viaja su familia con impactos de bala.
“En ese momento dije a los muchachos les agradezco el ejercicio, me hubiera encantado verlos bailar de muchas formas, y sí, desgraciadamente cometí el tremendo error y me disculpo con ellos, me disculpo con sus familias, me disculpo con aquéllos que se sintieron agraviados por mis palabras, me hubiera gustado verlos de muchas otras formas que representen lo que ustedes en su valía son y no parecer unos sicarios”, dijo en entrevista.
Los comentarios de Cristina Rodríguez ocasionaron la inconformidad de Evalia Núñez Llamas, supervisora de la Zona Escolar 27 del municipio de Tabasco, quien a través de su cuenta de Facebook exigió una disculpa pública porque, dijo, “sus expresiones dañaron la integridad de nuestros alumnos que están en la etapa más difícil, la adolescencia”.
Además, el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, interpuso una queja por discriminación en contra de la presidenta honoraria en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), dijo que las declaraciones de Cristina Rodríguez reflejan el desconocimiento de un amplio sector de la población en temas de derechos humanos y tratados internacionales sobre derechos de la infancia.
Además, dijo, la elección de los jóvenes para recrear una coreografía bajo una lógica militarista “refleja” la normalización de la violencia que viven como resultado del incremento en el número de incidentes delictivos y de la presencia de fuerzas armadas en la entidad. “Es lo que están viviendo y no pueden ser censurados por ello”, destacó.
Pérez García dijo que la normalización de la violencia tiene un impacto severo en la vida de niños, niñas y adolescentes porque incorporan la ilegalidad, el crimen, la impunidad y la corrupción a su forma de ver el mundo, como parte de los elementos de sobrevivencia y, dijo, es parte de lo que refleja el tema que decidieron reproducir.
“Sus dichos son ofensivos cuando los asocia como sicarios, pero sus observaciones sobre cómo se visten las adolescentes son particularmente misóginas y re victimizan a niños y adolescentes cuando son afectados por actos criminales”, subrayó.
Juan Martín Pérez García, quien forma parte del Sistema Integral para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, recomendó a Cristina Rodríguez tomar un taller sobre discriminación y conocer los marcos de ley sobre los que está obligada a actuar porque a pesar de que no es una funcionaria pública, al ser parte de una institución ejerce actos de autoridad.

Milenio

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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