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Primera multa de la Fiscalía especializada en tortura, contra funcionarios chihuahuenses que detuvieron a priista

A seis días de su creación, la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura ya emitió su primera multa, y fue contra cuatro funcionarios de Chihuahua por no entregar información solicitada sobre la investigación por tortura contra el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Gutiérrez, quien fue detenido en diciembre pasado, y es acusado por la Fiscalía de Chihuahua del desvío de recursos públicos hacia campañas de su partido, ha denunciado desde su detención presuntos actos de tortura.
En un comunicado, la PGR informó que hay tres multas para el fiscal de Chihuahua, Cesar Augusto Peniche Espejel, que suman 241 mil 800 pesos.

Otras tres multas son para el director del Centro de Reinserción Social Aquiles Serdán Chihuahua, Juan Martín González Aguirre; la directora de Inspección Interna en Funciones de Fiscal Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Erika Judith Jasso Carrasco y el fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía estatal, Jesús David Flores Carrete. Cada una por 80 mil 600 pesos.

Exsenador, exdiputado local y federal, precandidato a gobernador por Coahuila y empresario, Alejandro Gutiérrez es considerado uno de los operadores políticos más cercanos del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, con quien ocupó la secretaria general adjunta del PRI cuando el sonorense fue presidente del partido en 2015.

La Fiscalía de Chihuahua asegura que el priista “concertó” con exfuncionarios del estado y de la Secretaría de Hacienda, el presunto desvío de un millón 740 mil pesos del erario, entre los días 20 y 23 de diciembre de 2015, “simulando la prestación de servicios” bajo dos contratos realizados con las empresas Promotora de Señalamiento Integral S.A. de C. V (Promotora) y Jet Combustibles, S.A. de C.V (Jet).

La tortura denunciada por Gutiérrez ha provocado una serie de acusaciones entre el gobierno local, encabezado por Javier Corral, y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso, el precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, también ha acusado al de recurrir a la tortura, luego de que el mandatario panista señalara que el gobierno federal le retuvo recursos a Chihuahua, en “venganza” por la indagatoria que hace su administración por el presunto desvío de recursos para el tricolor, durante el mandato de César Duarte.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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