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Primero están las convicciones que las amistades: Amin Anchondo

Amin Anchondo, candidato de la coalición por Chihuahua al Frente, a la Sindicatura de Chihuahua dejó claro que están primero las convicciones y los valores que las amistades, lo anterior al ser cuestionado sobre la forma en que actuaría una vez que sea favorecido con el voto el 1 de julio.

Aseguró que comulga con los ideales del Partido Acción Nacional, que le dio la oportunidad como ciudadano de contender por un cargo de elección popular, a donde llega con experiencia en foros nacionales e internacionales que puede aterrizar para mejorar procesos y trámites.

Esa experiencia como delegado mexicano para la Organización de las Naciones Unidas, Representante Mexicano en el B20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en la presidencia Nacional de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, le ha permitido tener una visión más amplia de las diferencias y similitudes con Chihuahua, para buscar replicar los que se adapten a nuestra realidad.

Amin recordó que el cargo de Síndico, en Chihuahua, es el único puesto fiscalizador que se designa por medio de votación ciudadana, ya que esa figura no va en fórmula con el alcalde, como sucede en otras entidades.

Sin embargo, de llegar a ser ambos, alcalde y síndico del mismo partido, dejó en claro que “hacer bien las cosas es algo que en lo personal es la convicción y por eso le estoy entrando a la política, incluso en el peor momento para ser político por el desprestigio que existe”.
Asimismo, Amin agradeció la apertura de diversos grupos de la sociedad con quienes ha podido tener acercamiento, como ese día con la Asociación Estatal de Periodistas, con cuyos miembros pudo intercambiar opiniones y responder dudas de los comunicadores.

Ahí destacó el tema de la mejora regulatoria, uno de sus ejes de campaña, donde se busca eficientar trámites como: Uso de Suelo, licencias de funcionamiento, planes de Protección Civil, estudios de impacto ambiental, permisos para eventos, entre otros.

Además, detalló su propuesta de la Afirmativa Ficta, que se refiere a cuando la autoridad no te responde en un plazo fijo, que pudieran ser 30 días, es como si fuera un “sí”, con la finalidad de que el desarrollo de Chihuahua no se detenga.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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