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México

Procederá SAT conforme a la ley en caso de ‘Paradise Papers’

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes señalados en la investigación conocida como “Paradise Papers”, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

El organismo fiscalizador se refirió así a la publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países denominados «paraísos fiscales», divulgada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)

La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley, precisó a través de un comunicado.

Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.

Refirió que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Señaló que dicho acuerdo entró en vigor este año, y permite el intercambio automático de información mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países.

Entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó por el ICIJ.
Como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, añadió, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.

Asimismo, el organismo fiscalizador informó que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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