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Política

Proceso electoral costará 8 mmdp

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El 7 de junio se disputan cerca de dos mil 179 cargos públicos en todo México. Ese día más de 83 millones de votantes serán llamados a las urnas. Desde la tinta usada en las boletas electorales hasta una sala adecuada para los medios de comunicación, cada elemento es pagado por los ciudadanos. El proceso electoral 2014-2015 se calcula que tendrá un costo total de ocho mil millones de pesos. El Universal analizó las cifras de estas elecciones y estos fueron los resultados.

Más votos, más dinero

Este año el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de organizar las elecciones en México, entregó a los diez partidos políticos nacionales un total de cinco mil 199 millones 695 mil 918 pesos por financiamiento público. En caso de que el reparto fuera equitativo, cada fuerza política tendría en sus arcas un poco más de 520 millones de pesos, pero no es así.

Debido a que en el último proceso electoral (2012) el PRI consiguió la mayoría de votos, en este año fue el partido que recibió más recursos. La razón es que la normatividad vigente establece que los partidos políticos reciben financiamiento público acorde al número de votos que obtuvieron en los procesos electorales anteriores. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) determina mediante fórmulas la manera en la que va a distribuir los recursos cada año entre los 10 partidos políticos.

El costo de la elección

Elegir a quiénes cubrirán los dos mil 179 cargos públicos en disputa este próximo 7 de junio tendrá un costo de ocho mil 584 millones dos mil 228 pesos. Si consideramos que la lista nominal tiene, hasta abril de este año, 83 millones 563 mil 190 electores, entonces el sufragio de cada votante potencial tiene un costo de 103 pesos.

De cada mil pesos invertidos en el proceso electoral, 489 pesos se usan sólo para la elección. La capacitación y asistencia, difusión y seguimiento al proceso de elección, funcionamiento de los órganos permanentes y temporales, el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otras, se llevan 50% de lo presupuestado.

El Pulso de San Luis

Nota Principal

Maru Campos pone orden rumbo a 2027: advierte salidas del gabinete y defiende contrapesos en el Congreso

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, marcó una línea clara tanto al interior de su gobierno como en el debate político nacional, al advertir que los integrantes de su gabinete que busquen una candidatura deberán dejar sus cargos y, al mismo tiempo, pronunciarse en contra de la eliminación total de los diputados federales plurinominales.

En declaraciones recientes, la mandataria estatal reiteró que su administración está enfocada en dar resultados y que nadie puede aspirar a un cargo mayor sin haber cumplido primero con su responsabilidad actual. Señaló que los funcionarios con aspiraciones electorales rumbo a 2027 deberán separarse del puesto, ya que no es posible combinar el ejercicio del gobierno con una campaña política.

Campos Galván subrayó que la definición de candidaturas corresponde exclusivamente al Partido Acción Nacional, mediante procesos como elecciones abiertas, primarias o encuestas, y descartó cualquier tipo de favoritismo. Insistió en que la competencia interna debe basarse en desempeño y resultados, no en afinidades personales.

Ante este escenario, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse vacantes en el gabinete estatal, derivadas de quienes decidan participar en los procesos electorales. No obstante, fuentes cercanas al gobierno indicaron que no se prevén cambios generales, sino únicamente ajustes relacionados con aspiraciones políticas.

En paralelo, la gobernadora fijó postura frente a la propuesta de eliminar a los diputados federales plurinominales. Consideró que una desaparición total de esta figura afectaría la representación de partidos minoritarios y emergentes en el Congreso de la Unión, especialmente en un contexto de concentración de poder.

Recordó que las diputaciones de representación proporcional surgieron con la reforma electoral de 1977 para abrir espacios a fuerzas políticas distintas al partido dominante de aquella época. Si bien reconoció que el esquema puede revisarse y ajustarse, advirtió que eliminarlo por completo dañaría el equilibrio democrático y la razón de ser de este mecanismo.

Con estas declaraciones, Maru Campos envió un mensaje doble: disciplina y resultados al interior de su gobierno, y defensa de los contrapesos institucionales en el ámbito legislativo, en un momento clave de definición política rumbo al próximo ciclo electoral.

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